Por: Esteban Mata Blanco 11 abril, 2013

El manejo de las tarjetas de los diputados para comprar combustible está bajo estudio desde ayer en el Departamento Legal del Congreso, dijo el presidente de la Asamblea, Víctor Emilio Granados.

El legislador pidió un informe ayer mismo, luego de que este diario diera a conocer la forma en que los congresistas reparten el combustible que paga el Estado.

Cada diputado tiene asignados por ley 500 litros de combustible al mes para que los utilice de forma discrecional.

De esa manera, la Asamblea Legislativa les asegura a los legisladores el presupuesto necesario para que puedan comprar el combustible, mediante una tarjeta de débito del Banco de Costa Rica.

Por otra parte, Granados solicitó criterio legal para determinar si caben medidas contra los diputados que utilizan esa tarjeta para comprar repuestos, lavar el carro, cambiar el aceite e, incluso, para comprar llantas.

“Hemos solicitado un pronunciamiento al Departamento Legal, con el propósito de que estudie, de cara a la ley de control interno, si se debe, o se puede, adoptar medidas, y si dentro del ámbito de la discrecionalidad del gasto es posible utilizar la tarjeta para aceites o para cosas que se asocien con el vehículo del diputado”, manifestó el jerarca legislativo.

Granados agregó que espera que el Departamento Legal indique las medidas que se deben adoptar para garantizar el uso adecuado de ese dinero mensual que se les da a los diputado.

Confusión salarial. Los legisladores creen que estos recursos son parte de su salario, aunque, en realidad, no es así, según lo señaló el informe C-021-2012 de la Procuraduría General de la República.

El informe consigna que “la asignación a los legisladores de una cuota de combustible constituye una de las ‘ayudas técnicas y administrativas’ de las que habla la norma 113” de la Constitución Política, que garantiza los insumos necesarios para que los congresistas puedan cumplir con su labor.

Mientras, el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, comentó que el uso de los recursos públicos por parte de los congresistas pasa por un ejercicio ético de sus funciones.