En los últimos días, distintas organizaciones LGBTI y por los derechos humanos, la Defensoría de los Habitantes y el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica (CPPCR) levantamos la voz ante la declaratoria que emitieron el Gobierno y el Ministerio de Salud, declarando de interés público el V Congreso de Bioética, dentro del que el Dr. Jokin de Irala desarrollará una presentación titulada: “Comprendiendo la homosexualidad hoy”.
La actividad nos resulta indiferente, en ningún momento nos hemos manifestado en contra del Congreso o de la participación de Irala. Lo inaceptable es la declaratoria de interés público por parte del Poder Ejecutivo, que legitima un discurso discriminatorio, en un país que se autoproclama como respetuoso de los derechos humanos.
Basta leer las últimas declaraciones del Dr. Irala, en las que habla de terapias, alteraciones del desarrollo, y libros sobre “sanar la homosexualidad”, para constatar que continúa sosteniendo la tesis de la cura.
Ante esto, insistimos en nuestro reclamo por una razón muy simple: ya existe un pronunciamiento del CPPCR, autoridad nacional en la materia, que aclara “de manera rotunda a la opinión pública que la homosexualidad no es una enfermedad y, por lo tanto, no puede curarse o tratarse”, al tiempo que recuerda “que la práctica de cualquier tipo de terapia para ‘curar la homosexualidad’, es causa de apertura de un proceso disciplinario ante la Fiscalía del CPPCR”.
Se trata de un pronunciamiento, cabe destacar, que no fue una decisión arbitraria de una comisión o una junta directiva: fue un proceso colectivo de diálogo y discusión, que culminó con la formulación de un documento, avalado por cientos de firmas de estudiantes y profesionales en Psicología.
La colonialidad de nuestra psicología.
La colonialidad se refiere a la dinámica de poder que arrastramos desde hace siglos, y que sufrimos con especial crudeza en América Latina. Se trata de la intervención e intento de control de nuestros propios procesos políticos, económicos, sociales y culturales por parte de grupos de poder privilegiados.
Hoy, en el ámbito de la psicología costarricense, estamos frente a una muestra de irrespeto desde una lógica colonial. Tenemos un colegio profesional que regula el ejercicio de la psicología en este país, que ha sido claro y contundente. Venir a un país y desconocer, por ignorancia o con alevosía, los propios procesos culturales, la legislación existente y la regulación de la práctica profesional de la clínica, constituye un atropello irrespetuoso a la psicología costarricense, además de que contradice los avances en derechos humanos y las discusiones dadas dentro del país.
La colonialidad es más desgarrante cuando la encontramos dentro de nuestra propia casa. ¿Cómo exigir el ejercicio ético y responsable de la profesión cuando el Poder Ejecutivo y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa promueven un discurso que contradice y deslegitima lo estipulado por la máxima autoridad en materia de psicología?
Un llamado desde el respeto.
El respeto pasa por reconocer al otro, a la otra, la historia de donde vienen, por esforzarse para conocer la cultura a la que nos acercamos. Como activista, como psicóloga y como ciudadana, quisiera invitar al Dr. De Irala, a informarse sobre los procesos que estamos desarrollando en el país, y a respetar, no solo a las personas LGBTI y las y los profesionales en psicología, sino a las multitudes que en este país claman por los derechos humanos.
Muy lejos de “furibundas” (tal como refirió Irala en su artículo “Homosexualidad y libertad de opinión”) han sido las últimas manifestaciones públicas (Marcha de Invisibles, Festival del Orgullo, Rutas del Beso Diverso), en las que miles de personas sexualmente diversas, pero también heterosexuales, nos lanzamos a la calle para reclamar una sociedad más libre, donde los DD. HH. se garanticen de forma igualitaria para todas las personas.
No estamos, en modo alguno, atacando al Dr. De Irala ni pidiendo que no se realice la conferencia. Lo que exigimos es que el Poder Ejecutivo actúe consecuentemente con la legislación de nuestro país, respete los reglamentos del CPPCR y, en consecuencia, retire la declaratoria de interés público de este Congreso.
De interés público deberían declararse los derechos humanos, no los discursos de odio ni las prácticas terapéuticas prohibidas en nuestro país.