EscucharEl arroz es un producto fundamental en la dieta de todas las naciones. Con 57kg de consumo anual per cápita, la población de Costa Rica deriva de su ingesta el 22% de su suministro calórico. Su costo representa más del 8% de los ingresos de los hogares más pobres. En estratos más acomodados, el consumo de arroz no representa nunca ni el 1% de lo que ganan. Por eso el arroz es un tema social de primer orden.
La producción nacional nunca ha sido suficiente para abastecer nuestra demanda. Desde hace 15 años importamos casi el 40% del arroz que consumimos. El problema es nuestra baja productividad (3,7 TM/ha), el 15.° lugar entre 26 países productores en las Américas. Estamos detrás de Estados Unidos (7,7 TM/ha) y, regionalmente, lejos también de El Salvador (6,6 TM). Uruguay es el país más productivo y exporta el 85% de su producción.
Perú, Argentina, Colombia, Venezuela y 8 países latinoamericanos más tienen mayor productividad que Costa Rica. Con nuestra productividad sería más barato importar que producir. Pero eso no significa que debamos abandonar el cultivo del arroz y dedicarnos simplemente a otros cultivos que son más rentables. Lo que debemos hacer es aumentar nuestra productividad.
Pocos países del mundo confían su abastecimiento de arroz al mercado internacional porque este es débil y altamente vulnerable ante cualquier vicisitud política, productiva, técnica o climática. Los países que lo producen también lo consumen y queda para su comercialización menos del 8% de la producción mundial, apenas cerca de 30 millones de toneladas. ¿Qué hubiera ocurrido si India no hubiera tenido sus propias reservas, en el 2002, cuando tuvo una contracción de 21 millones de toneladas en su producción doméstica? La demanda de arroz se habría disparado, así como su precio y el hambre habría aumentado.
Por esa razón, la producción arrocera tiende a ser reconocida como actividad de interés público, respaldo decisivo a la seguridad alimentaria de nuestras poblaciones.
Conarroz y los aranceles. Estamos entre los países de alto consumo y también somos de los que más protegen la producción de arroz: altos aranceles de importación, canon fitosanitario y fijación de precios. Los aranceles inhiben que cualquier comerciante pueda importar arroz. El MEIC fija el precio de venta asegurando un mínimo del 20% de utilidades a los productores nacionales, a lo largo de toda la cadena productiva.
Pero la producción nacional no es suficiente y siempre se necesita importar cerca del 40% del consumo nacional. A CONARROZ se le dio la facultad monopolística de importar sin aranceles, derivando millonarias ganancias al distribuirlo para su venta al precio fijado por ley, muy por encima del precio internacional al que lo compra. Al imponerse un precio por ley –que está actualmente al doble del precio internacional– CONARROZ paga, sin aranceles, a la mitad del precio nacional y luego lo vende al doble. ¿Con qué objetivo se estableció ese esquema? ¿Quién paga las ganancias? ¿A quién benefician?
El esquema se estableció con tres propósitos: defender a los pequeños productores de arroz, utilizar esas ganancias para mejorar la productividad y fomentar la producción doméstica de este grano. Rendición de cuentas: la productividad promedio es la misma desde hace 15 años, la producción doméstica apenas ha aumentado y muchos pequeños productores se han visto forzados a dedicarse a otras actividades agrícolas.
El resultado difícilmente podría haber sido diferente porque, para ganar más, nadie necesita mejorar su productividad, sino simplemente seguir pidiendo aumentos de precios para asegurar un 20% de utilidad en su producción local, y mucho más todavía con lo que importan.
¿Quién paga y cuánto? La diferencia entre lo que los consumidores podrían pagar (precio internacional) y lo que efectivamente pagan (precio nacional por ley) es un subsidio que reciben los productores de arroz de parte de los consumidores. Triste situación si se piensa, sobre todo, en el consumidor pobre. Entre 1995 y 2005, los pobres de Costa Rica han pagado a los productores un sobreprecio de más de 400 millones de dólares. Desde entonces la cosa ha sido peor: mientras el precio nacional forzado aumentaba un 90%, los precios internacionales bajaban, en medio de la crisis y el crecimiento del desempleo.
¿Quién se beneficia de algo así? Digámoslo con sencillez, los adjetivos sobran. En el 2006, ya se sabía que 33 productores recibían el 50% de las ganancias de este esquema, contra el 13% repartido entre 773 agricultores (Polo-Cheva et al, 2006). Luis Mesalles ( La Nación , 01/10/10) nos impacta precisando: “la mayor parte del subsidio se lo llevan menos de 10 productores”.
Subsidio distorsionante. Nunca se han sacrificado tantos para tan pocos. Este esquema corta el vínculo que debe existir entre productividad internacional y consumo. Se distorsiona el mercado al impedir que el consumidor pague el precio que la productividad mundial le permitiría.
Eso afecta su decisión de consumo y también la demanda global. Por eso, a la luz de la OMC, este es un subsidio distorsionante.
Semejante política, de resultados tan diferentes a los esperados y de costos sociales inequitativos, debió haber sido rectificada por sus propios deméritos. Hoy tendrá que ser revisada bajo la sombra de una espada de Damocles en Ginebra.
No se trata de abandonar al sector arrocero. Lo que está sobre el tapete es defender la canasta básica del consumidor más pobre y focalizar la ayuda a los productores que verdaderamente lo necesitan.
Nada ni nadie impide apoyar a los arroceros menos productivos, con asistencia condicionada al incremento de su productividad (transferencia tecnológica, semillas certificadas, fertilizantes, mejores sistemas de irrigación y control de pestes).
Pero, claro, un apoyo focalizado y concentrado en beneficio de quienes de verdad lo necesitan no serviría de sombrilla para cobijar a justos y pecadores, donde, como se sabe, el que tiene más galillo traga siempre más pinol.
