El nuevo proceso permitirá que en un período de 3 meses cientos de trabajadores regulen su estatus migratorio, del 17 de julio a 17 de setiembre.
Estos tres sectores son los más vulnerados en derechos laborales, dado que los patronos no les pagan horas extra, reciben salarios por debajo del mínimo y no están asegurados.
"Las personas extranjeras tienen los mismos derechos que los costarricenses y estas garantías deben ser respetadas por los patronos", expresó el ministro de Trabajo, Ólman Segura.
No tener documentos y su respectivo permiso de trabajo, expone a las personas migrantes a ser sujeto de sanciones administrativas, como deportación y multas económicas.