Proyecto pretende crear entidad que defina política pública contra este delito

Por: Esteban Mata Blanco 25 septiembre, 2012
 El sábado, la policía de Osa detuvo a cuatro somalíes que podrían ser víctimas de trata de personas. | ARCHIVO.
El sábado, la policía de Osa detuvo a cuatro somalíes que podrían ser víctimas de trata de personas. | ARCHIVO.

La trata de personas podría tener una pena hasta de 16 años de cárcel cuando el delito se cometa contra menores de edad.

Así lo plantea un proyecto de ley que está en el segundo lugar de la agenda de los diputados.

La propuesta tiene el expediente 17594 y plantea endurecer las penas y fortalecer los controles del Estado para combatir la trata de personas en el país.

El delito quedó incluido, hace dos años, en la ley contra el crimen organizado. Sin embargo, la Dirección de Migración y Extranjería, organizaciones internacionales en las que participa el Gobierno y otras entidades no gubernamentales, advierten de que es necesario un marco legal que favorezca el combate contra esa actividad.

Para ello, el proyecto de ley plantea crear la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, que en teoría se apoyará en 22 instituciones públicas para impulsar la política del Estado contra la trata de personas.

¿Qué es la trata de personas? La definición del proyecto de ley la explica como la promoción de la entrada o salida del país, o bien el desplazamiento interno de personas, para prostitución, explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, y hasta para esclavitud.

La trata también implica el sometimiento de las personas a trabajos o servicios forzados, a contraer matrimonio contra su voluntad, a la mendicidad forzada, la extracción ilícita de órganos o la adopción irregular de menores.

La definición de trata de personas de la directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez, es más sencilla: “La trata es un delito que especialmente consiste en convertir a las personas en mercancías para lucrarse de ellas”.

En los últimos dos años las autoridades han rescatado a 76 víctimas. Sin embargo, los estudios en poder de Migración revelan que, por cada dos casos detectados, hay 20 que no son visibles.

La preocupación de Rodríguez la comparte Ana Hidalgo, coordinadora de la Unidad contra la Trata, de la Oficina de Costa Rica de la Organización Internacional para las Migraciones.

Hidalgo afirma que el problema de la trata pasa, sobre todo, por el miedo de las víctimas a denunciar, y advierte de que el problema requiere apoyo económico e institucional, algo que en teoría facilitará el proyecto de ley que hace fila en la Asamblea Legislativa.

Respecto al tema económico, el proyecto prevé que, del impuesto de salida del país que pagan los viajeros, se destine $1 a la financiación de los programas que impulse la Coalición contra la Trata.

Sin embargo, a criterio de Hidalgo, hace falta que la voluntad política de los diputados se manifieste en el plenario para que el proyecto de ley quede en firme.

Sobre esta voluntad política, el jefe de fracción del Movimiento Libertario, Carlos Góngora, afirmó que esperan que el proyecto se vote pronto. Lo mismo opinó la legisladora del Partido Acción Ciudadana Carmen Muñoz.

Tocará ahora a los jefes de fracción definir si votan el proyecto esta semana o si queda relegado en la agenda de iniciativas que ellos negocian y sobre las que todavía no hay acuerdo.

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