Como una letanía, la palabra “no” martilla en el teléfono y se repite en una entrevista tras otra: “no vivo con él”, “no sabía”, “no tengo ningún contacto con esas personas”, “no tengo más dinero”, “no sé si le alcanza”, “no sé dónde vive”.
Todas esas combinaciones del “no” provienen de siete (74,67%) de cada diez hombres, quienes, a pesar de devengar un salario de entre ¢920.000 y ¢4,3 millones por mes, tienen uno o más hijos que reciben dinero de Avancemos.
Son padres porque así lo demostró una prueba de ADN, porque los obliga una sentencia judicial o la incómoda persistencia de una excompañera, pero no conviven con sus hijos, casi no los conocen y limitan los deberes de su paternidad a la entrega de dinero.
Al otro lado, hay mujeres a las que todos esos “no” las obligan a enfrentar solas la crianza de sus hijos, sin empleo y estirando el dinero de una pensión que, en la mayoría de los casos, no supera los ¢1.200 al día para cada una de las personas que viven en el hogar.
Uno de estos casos es el de Juan Rafael Rojas Hidalgo, quien tiene un hijo con María Ruiz Girón.
Cuando se le consultó ¿por qué si trabaja para la CCSS y percibe un salario superior a ¢1 millón, su hijo está en el programa Avancemos?, respondió que no sabía, que no viven juntos y casi no ve al joven.
“Él es un hijo natural que yo tengo, pero él vive en Los Chiles, yo vivo en Grecia. Yo le ayudo cuando él me llama y de vez en cuando conversamos, pero muy poco, si acaso dos veces al año”, expresó.
Un caso similar es el de José Francisco Chaves Brenes. Percibe más de ¢1 millón mensuales y tiene un hijo beneficiario de Avancemos en Ipís, Goicoechea, San José.
“Yo le di mi apellido por ayudarle a ella, pero nunca lo vi a él. Yo le ayudé para la educación de él, una parte, pero nunca lo he visto, ni lo conozco ni nada. Él no tiene nada que ver conmigo” , declaró.
Un 7% de las mujeres que tienen un hijo cuyo padre gana más de ¢920.000 por mes no tienen ningún contacto con su excompañero y al menos tres de ellas afirman ser víctimas de violencia doméstica.
La gerente regional del IMAS en Limón, Yalile Esna, señaló que, en muchos casos, la violencia no queda registrada, precisamente, por temor a las represalias.
“Hay hombres violentos. A muchas mujeres las han matado por poner pensión. Ocurre cuando el hombre se siente acorralado”, indicó la funcionaria.
En las entrevistas, los varones mostraron desconfianza sobre las intenciones de sus excompañeras para buscar empleo.
Tal es el caso de Newton Grant Barr, un contador que labora para la CCSS, quien tiene ingresos mayores a ¢930.000, dos propiedades en Limón y preside dos sociedades poseedoras de dos fincas inscritas.
“Esa (Inés, la madre de su hija) es muy vaguita, ella tiene medios como para trabajar, pero no trabaja”, aseveró.
Inés Arana Araya vive en Pacuarito, Limón, en condiciones de pobreza extrema, con sus dos hijos y una nieta. Sobreviven con ingresos menores a ¢700 por día para cada integrante del hogar.
Sobreponiéndose a su austera economía, ella mostró un ánimo más conciliador que su expareja.
“Si él pudiera, él da más, creo yo, pero él tiene un gran problemón encima, ha sacado préstamos y de todo y casi no le llega salario (...) Él dice que con los años, si llega a salir de esos problemas, le puede ayudar a ella” , expresó Inés, esperanzada.