En el 2009 este mercado movió unos $144.000 millones –cifra que es casi cinco veces el PIB de Costa Rica–. Sin embargo, el país solo recibió migajas porque la protección del bosque, que es lo que mejor sabemos hacer, todavía no se cotiza tan bien en este mercado.
Los beneficiarios ticos incluyen 8.345 finqueros de todas las provincias –que protegen más de 650.000 hectáreas de bosques, humedales y plantaciones forestales. Estos reciben entre $64 y $75 por hectárea protegida al año.
También destacan empresarios vinculados a la producción de energía hidroeléctrica y la fabricación de cemento.
No obstante, según reconoce René Castro, experto en este mercado y actual canciller de La República, es un beneficio, pero es muy poco.
Eso resulta una ironía, pues en 1997 fue precisamente el gobierno de Costa Rica quien inspiró la creación de este mercado cuando logró crear y venderle a Noruega sus primeros bonos de carbono. Hoy, 13 años después, el país es un socio minoritario o casi nulo.
Según el consenso científico, son las actividades humanas quienes favorecieron la alta concentración de gases en la atmósfera. Esta concentración hace que hoy la atmósfera atrape y concentre la radiación solar, causando el efecto invernadero y favoreciendo el alza en las temperaturas.
Este mismo calentamiento global altera los ciclos biológicos y atenta contra miles de especies.
En este escenario el mercado de carbono es como un ‘juego de mesa’ para evitar esas emisiones.
Primero se calcula la cantidad de emisiones que el planeta puede tolerar y luego, cuánto puede emitir cada país o ‘jugador’. Si este ‘jugador’ produce y emite menos gases de los que se le asignaron, entonces tiene un ‘sobro’ que puede vender a otros. Por el contrario, si el jugador se excede en la cantidad de gases tiene un déficit que debe compensar comprándole a otro país o empresa los certificados que prueben que en alguna parte se dejaron de emitir ese gas.
Costa Rica pertenece al primer grupo de jugadores. Es decir, el país puede vender emisiones de carbono a países industrializados que emiten más de la cuenta, explica Janet Peace, economista y vicepresidenta de Mercados y Estrategias económicas de la organización Pew Center for Climate Change.
Sin embargo, Charlotte Streck, analista internacional y directora de la organización Climate Focus detalla que como este es un mercado de escala y Costa Rica es pequeño, países en desarrollo más grandes como Brasil, tienen más oportunidades porque pueden ofrecer paquetes de emisiones y más grandes y más baratos que nosotros.
Richard Baron, experto en este mercado y jefe de la Unidad de Cambio Climático de la Agencia Internacional de Energía coincidió: “A Costa Rica yo ni lo veo como un actor. Es demasiado pequeño y esta es una economía de escala”.
El oficial está determinado por el llamado Protocolo de Kioto, acuerdo al que los países industrializados se adscribieron –excepto EE.UU. – con el compromiso de reducir entre el 2008 y el 2012 el 5% de sus emisiones con respecto a 1990.
Para lograr esa disminución este mercado emplea una herramienta llamada Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL mediante el cual los países desarrollados le pagan a países como Costa Rica por compensar los gases que ellos no logran dejar de emitir.
El mecanismo es validado por Naciones Unidas e incluye primordialmente ajustes a procesos energéticos y al manejo de desechos.
En el mundo hay más de 2.400 proyectos MDL, pero Costa Rica solo tiene seis aprobados y cuatro más en evaluación.
Según William Alpízar, líder de la Dirección de Cambio Climático del país, ente que depende del viceministro de energía y gestión ambiental, las posibilidades de optar por los llamados MDL son reducidas para el país porque los procesos para certificarse son ‘complejos y caros’, incluso llegan a $500.000.
El otro problema para el país es que la oferta de mitigar emisiones de carbono en los bosques –que es uno de los fuertes de Costa Rica– no tiene gran aceptación en este mercado. Esto ocurre porque se sabe que el carbono absorbido por un árbol se libera a la atmósfera cuando muere, de modo que la reducción no es permanente.
Existen varios mercados de carbono independientes como el mercado de carbono de Chicago o el de Europa.
En el país, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal es quien lidera este mercado a través del Pago de Servicios Ambientales (PSA). Ese pago reconoce a los propietarios que cuidan sus bosques.
La mayoría de los pagos aquí se relacionan con protección de áreas bosques y nacientes de agua.
El PSA se financia del impuesto del 3,5% al combustible (cerca de $8 millones al año) y de dos préstamos del Banco Mundial de $30 millones cada uno.
La participación del país en estos mercados no da signos de que vaya a incrementarse, pero el problema no es solo nuestro. “El mercado de carbono estará deprimido mientras no se conozca qué va a pasar a partir del 2013 cuando expire el Protocolo de Kioto, y aunque haya oferta, la demanda va a ser muy poca”, dijo la costarricense Christiana Figuerres, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Nacionles Unidas. Esta investigación se hizo con el apoyo del Woodrow Wilson Center desde la redacción de The Washington Post.