¿Cuánto por un país de Primer Mundo?

La diferencia entre ser “un político astuto y colmilludo” –que es lo que muchos aquí celebran en grande– o ser un “eficaz y responsable gestor político”, explica en gran parte el porqué de nuestro subdesarrollo. Es preciso tomar decisiones y políticas con total sustento en las fuentes legales vigentes debidamente sistematizadas y jerarquizadas, no por ocurrencias o, como ha sucedido a partir de los PAE, por subjetivismos que han cambiado el giro de muchas instituciones a contrapelo de lo que dictan la CP y las leyes (como con ferrocarriles, estancos del CNP, banca de desarrollo y muchas actividades más). De la tramitomanía enfermiza ni hablo, pues la Ley No. 8220 del 2002 permitiría eliminarla de cuajo, pero los Gobiernos se han empeñado en no hacerlo.

Marco legal ignorado. Hay la actitud de denunciar situaciones, pero dándole la espalda al modelo país configurado en la Constitución Política –derechos de los habitantes– y en un sinnúmero de leyes que, vistas según su objeto y ámbito de regulación, obligan a prácticas de Primer Mundo que harían realidad esos derechos. En su lugar, es frecuente leer análisis anclados a experiencias o modelos foráneos o, peor aún, a tal o cual tratadista también foráneo, siendo que ninguno se refiere a situaciones costarricenses y que no hay “principios” sociales o políticos válidos en una nación, que sean simétricamente extrapolables a otra. Más dramático es cuando los candidatos a todo exhiben, al plantear sus “mensajes” mesiánicos, rostro y gestos compungidos como si realmente les importara “el país” constitucionalmente configurado.

Entiéndase una verdad de Perogrullo: lo que cada institución tiene que producir está consagrado en su ley constitutiva mas también en otras más generales que regulan materias en las que concurren varias instituciones, como en ambiente o en lucha contra la pobreza. No se requieren sesudas investigaciones para señalar a los culpables que estimulan toda una cadena de desenfoques e ilegítimas y malas prácticas que en conjunto malogran la instauración de ese modelo país: el presidente(a) en primer lugar, pues tiene la obligación de conducir a la totalidad de instituciones en su conjunto como la CP ordena, o sea integralmente.

Luego, con cada ministro como Poder Ejecutivo debe dar cuentas de grupos de instituciones hasta el mínimo detalle de cómo se están utilizando los “tipos de medios” disponibles para cumplir con las “metas” que ambos deben imponer a esos grupos de instituciones para lograr que funcionen como un reloj en procura rigurosa de su misión legal individual y de conjunto.

El origen de esta competencia es constitucional, pero la LGAP de 1978, arts. 26.b, 27.1, 98, 99 y 100, y la No. 8131 del 2001, son la base fundamental para una eficaz exigencia de cuentas sobre el Presidente y sus ministros. Vea el lector que las citaciones legislativas para “comparecer”, se hacen a ministros y a presidentes ejecutivos en lo individual, nunca a los ministros como rectores políticos de todo un sector.

Los medios de comunicación tampoco confrontan a ningún ministro por no ejercer dicha dirección política para poner en orden a entes como la Caja, el ICE, AyA, CNP, IDA, Japdeva y todos los demás. Los ministros, por su lado, se cuidan de no darle “caldo de cultivo” a los medios o a los legisladores de oposición y no definen, como deben, la estrategia de desarrollo en cada sector sabiendo que los entes autónomos son piezas instrumentales del Gobierno. Pero no para ser utilizadas arbitrariamente, con “instrucciones” bajo la mesa pues esto corrompe a muchos y nunca lleva a los resultados legalmente previstos, sino vía directrices gubernativas concretas, claras y monitoreables.

Planificación. Es un hecho que ninguna institución está concebida para resolver por sí sola los problemas en ningún campo. Por eso es que hay que dirigirlas planificadamente de la manera normada en la CP, en la LGAP y en la Ley 5525 de 1974. ¿Saben sinceramente esto los ministros, o los sindicatos, cámaras, comunicadores, editorialistas y analistas que a menudo opinan sobre “descoordinación”, lentitud y “tramitomanías”, sin nunca señalar a los responsables principales según este contexto normativo?

¿Saben la ministra de Planificación, sus asesores y la Presidenta, que la Ley No. 5525 está diseñada para bajar el modelo país a tierra (solo cotejen el art. 50 de la Constitución con el art. 1 de aquélla) movilizando de manera sencilla, ordenada y transparente el enjambre de entes en apoyo suyo y una participación masiva y seria de la sociedad civil, vía sectores y regiones de desarrollo? O sea, lo contrario al chambonismo y al síndrome de “'fue Teté” que nos asfixia. Muchos van por la vida ignorando esto, o lo que es peor diciéndose expertos y hasta enseñando “planificación” sin haber leído, y menos estudiado, la Ley de Planificación 5525 de 1974 que se la desearían varios países desarrollados.

Planificación del Desarrollo en Costa Rica. Lecciones de la experiencia, es una extensa investigación que acabamos de producir en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. Demuestra el sistema coherente y sólido de Constitución y leyes que sí marcan el norte del país y permiten una conducción gubernativa efectiva, con una lucidez conceptual y fáctica que ningún texto europeo o norteamericano alcanza a superar, menos sustitutivamente como me consta que tantos académicos de hecho hacen. El estudio desnuda, con respeto académico pero sólida evidencia empírica, las causas del desmadre costarricense desde 1974. Y los responsables.

A la vez y por una inexorable contraposición deductiva, muestra las soluciones disponibles para resolver cada problema nacional aún sin cambio de Constitución. La realidad sociopolítica, jurídica e institucional a comprender y jinetear es la de Costa Rica, no la de Europa o Cochinchina.

Gobernar incumpliendo la CP y el sistema normativo vigente, no requiere estadistas visionarios. La impresionante impreparación integral con respecto a todo lo bueno y riguroso que constitucional y legalmente configura una Costa Rica de Primer Mundo, pareciera el mejor currículo que muchos candidatos a todo, se esmeran en ofrecer. Sí, señores.