EscucharEl tema de la seguridad ciudadana continúa, sin lugar a dudas, dentro de las principales preocupaciones de todos los ciudadanos. Por esta razón, también es uno de los temas en que por un lado se presenta una gran demagogia, basada principalmente en respuestas de “mano dura” y tolerancia cero contra los delincuentes y por otro lado, respuestas simplistas fundadas en aumento de penas y reducción de garantías judiciales, como si el delito surgiera en el vacío y fuera exclusivo de ciertos sujetos peligrosos o “enemigos sociales” a los que hay que excluir a toda costa.
No faltan quienes atribuyan falsamente la inseguridad ciudadana a los jóvenes y adolescentes, responsables supuestamente de los delitos más graves. Estas respuestas demagógicas y simplistas, cargadas de prejuicio, son incompatibles con nuestro Estado de derecho y nuestro sistema de garantías judiciales, que responden a mandados constitucionales y obligaciones internacionales.
Seguridad y derechos. La seguridad ciudadana es completamente compatible con las garantías judiciales; quienes han querido establecer un conflicto entre estos dos principios buscan fines y objetivos políticos, no jurídicos. Los ciudadanos de las sociedades que tienen más derechos son los que viven más seguros. El criminólogo canadiense Irvin Waller lo demostró con el axioma “cuanto menos represión, más seguridad” (2007). Es decir, cuantas más libertades y derechos tenga una sociedad, será más segura.
Recientemente se ha divulgado en La Nación (31.5.12), aunque sin mayor análisis y estudio, un importante informe estadístico del Poder Judicial, que comprueba que por primera vez en seis años, la cantidad de homicidios ha disminuido. El informe señala que la tasa de homicidios por cien mil habitantes, se redujo notablemente al pasar de 11,5 a 10,3, lo que en números reales significa unos 53 muertos menos, disminuyendo los homicidios dolosos y los homicidios por encargo o sicariato.
Este dato resulta de una gran relevancia. Significa una reducción empíricamente confirmada del delito más grave y que causa mayor inseguridad ciudadana. Se trata de un resultado que tiene gran valor al tratarse de una evidencia empírica, no una subjetividad o percepción. Descarta los supuestos demagógicos y simplistas, puesto que demuestra que dentro del Estado de derecho es posible reducir el delito más grave.
Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta disminución del homicidio en el año 2011 (y esperemos así continúe en este 2012)? Se requeriría de un estudio serio y complejo para determinar las verdaderas causas de esta disminución de la tasa de homicidios. Se pueden proponer algunas hipótesis, por ejemplo, una mayor efectividad policial, incremento en la persecución penal por parte del Ministerio Público, un mejoramiento en el juzgamiento del Poder Judicial.
Aquí debe ser fundamental el rol de los Tribunales de Flagrancia e incluso se debe mencionar también los escasos programas de prevención de la violencia y el delito. Sin embargo, independientemente de las causas de esta disminución de la tasa de homicidios, este hecho es una excelente oportunidad que nos obliga a repensar en todas las estrategias y por esto me gustaría proponer 5 ideas para mejorar la seguridad ciudadana, que puede bajar las tasas de los delitos o por lo menos evitar su aumento.
Estrategias. Lo primero que se debe realizar es reducir la desigualdad económica y social. Está comprobado: Brasil es el ejemplo de que la seguridad ciudadana no es solo un problema de ley, justicia penal y castigo. Por el contrario, la mejor estrategia es buscar un mayor y más equitativo bienestar social de toda la población, lo cual se logra principalmente a través de educación y empleo.
En segundo lugar, debe formularse y aplicarse una estrategia preventiva, focalizada en niños y jóvenes, especialmente los que se encuentran en riesgo social. Mantenerlos en las escuelas y colegios, pero sobre todo devolver a las aulas los 35.000 adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, que abandonaron los centros educativos.
En tercer lugar, orientar la política criminal y de persecución penal, en la búsqueda de soluciones para el conflicto que genera el delito. Con una participación activa y decisiva de la víctima, una justicia penal orientada más en la reparación del daño a la víctima que en la represión. Para eso nuestra legislación cuenta con importantes institutos procesales, como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño, que deberían alentarse su uso en la mayoría de los casos.
Como cuarta estrategia, la reducción al extremo máximo de la pena de prisión. El uso o abuso de la prisión preventiva y de la pena de prisión, no produce menos delito ni mayor seguridad ciudadana. Por el contrario, la prisión es un factor de riesgo causante de más delito y más víctimas. Por eso la política criminal moderna se basa en la integración social, no en la exclusión, que produce la prisión.
Como quinta estrategia, una política restrictiva sobre las armas de fuego. Naciones Unidas estima que más del 50% de los homicidios en el mundo se ejecutan por medio de armas de fuego.
Una vez que concluya el actual Gobierno, va ser juzgado principalmente por sus resultados en seguridad ciudadana. Precisamente ese fue el tema principal de la campaña política. De ahí, que aún está a tiempo de orientar su política criminal, por un camino correcto que por lo menos, deje al país con una tasa de homicidios menor de 10 por cada cien mil habitantes, que es precisamente la recomendación de Naciones Unidas y que, en Costa Rica, tuvimos por muchas décadas atrás. Este es el desafío actual que se nos presenta.
