| EDITORIAL

La objetividad del juez

La jueza penal Doris Madrigal Arias se excusó de integrar el Tribunal encargado del caso Caja Fischel porque había conocido el fondo del proceso

Hoy, elegida Magistrada, la Dra. Madrigal debe decidir si vota los recursos de casación interpuestos en el mismo proceso

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El principio de objetividad gobierna la intervención de los jueces en los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales. Es una garantía de imparcialidad para quienes acuden en busca de justicia y un medio para que el juez preserve de cualquier cuestionamiento sus actuaciones en la sagrada función encomendada por la sociedad.

Es uno de esos casos donde conviene pecar por exceso de celo para no despertar dudas y evitar la introducción de posibles vicios en los procedimientos. Por eso la ley prevé dos medios para preservar el principio: la excusa voluntaria del juez y la recusación ejercida por las partes. La segunda, si prospera, es una salida forzada, que deja el buen criterio del juez en entredicho.

En el año 2008, la jueza penal Doris Madrigal Arias lo comprendió así y se excusó de integrar el Tribunal encargado del caso Caja Fischel. “'Me excuso de conocer de esta causa penal como tribunal a quo, es decir de juicio para el debate y para resolver una inhibitoria, en virtud de haber concurrido a dictar varias resoluciones como Tribunal ad quem del procedimiento intermedio”, escribió la jueza.

Luego, para ahondar en sus razones, añadió: “' Conocí sobre el fondo del asunto y anulé algunos aspectos relacionados al coimputado'”; “'asimismo, para arribar a las conclusiones del referido voto, debí comparar los hechos acusados de esta causa con los de la causa' seguida contra Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, para finalmente acoger una actividad procesal defectuosa absoluta”.

“La independencia del juez –escribió entonces la Dra. Madrigal– es una garantía del debido proceso tutelada en las normas nacionales y en el derecho internacional de los derechos humanos, aspectos que se han recogido en la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional y Tercera de la Corte Suprema de Justicia, conjunto normativo y jurisprudencial que garantiza el principio de juez natural e imparcial”.

La jueza tenía razón y el Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José no tardó en dársela. El primero de setiembre del 2008, dos meses después de planteada la excusa, los encargados de tramitarla la aprobaron porque la Dra. Madrigal “'concurrió a dictar varias resoluciones como Tribunal ad quem, del procedimiento intermedio”, “conoció del fondo del asunto” y “anuló algunos aspectos” relacionados con un coimputado.

En consecuencia, dijeron los jueces del Segundo Circuito, “los suscritos consideramos que, dado que la excusante alega que conoció sobre el fondo de este proceso penal a la hora de resolver varias resoluciones como Tribunal ad quem, del procedimiento intermedio, conforme a la jurisprudencia de la Sala Tercera Penal y al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, procede acoger la excusa planteada por la jueza Arias Madrigal y separarla del conocimiento del presente asunto para debate”.

La jueza de aquel entonces es ahora flamante magistrada de la Sala Tercera Penal, encargada de conocer los recursos de casación interpuestos en el caso Caja-Fischel y también en el proceso Alcatel, si los hubiere. Una jugada de la suerte hizo que sobre su nuevo despacho recayera, también, la responsabilidad de redactar el proyecto de sentencia en el primero de los casos. Surge, pues, la pregunta de si procede una segunda excusa o, eventualmente, una recusación.

Esta vez, la Magistrada no ha respondido con la misma certeza. Pide un tiempo prudencial para definir el curso de acción y argumenta la necesidad de conocer las nuevas circunstancias del caso. Los hechos juzgados, sin embargo, son los mismos que conoció en su momento y la inhibieron de integrar el Tribunal. La decisión es grave. La trascendencia del proceso aconseja tomarla con prudencia y explicarla con absoluta claridad en sede lógica y jurídica.

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Noticia La Nación: La objetividad del juez