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Un nuevo contrato social

Actualizado el 14 de abril de 2013 a las 12:00 am

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La vida en sociedad demanda un contrato social, el cual define las condiciones para la convivencia pacífica y significa un equilibrio entre las libertades individuales y los intereses colectivos. El Estado pasa a ser un actor clave al constituirse en el garante del cumplimiento de la legalidad, pero también en el árbitro en los conflictos entre los grupos de interés, y el ejecutor de los proyectos de bien común. Esto significa un Estado con independencia frente a los grupos de interés y con capacidad de interpretar el bien común y ejecutar acciones en esa dirección, sin atropellar el conjunto de libertades individuales y derechos constitutivos del contrato social. Pues bien, el Estado costarricense perdió la capacidad de jugar ese papel de garante del contrato social.

Replantear el problema del Estado. Esto ha ocurrido cuando el desarrollo tecnológico acelerado redefine globalmente mercados y sus interacciones, pero, sobre todo, abre nuevas posibilidades de la interacción social y de acción política. Por lo cual, tanto por consideraciones de cambios más allá de nuestras fronteras como de las dinámicas internas propias, es hora de replantear nuestro contrato social y el papel del Estado, así como de sus elementos constitutivos, hoy con fronteras esfumadas, tales como la división de poderes y la representatividad de la ciudadanía.

El Estado desarrollista correspondiente a las décadas de los años sesenta y setenta, durante los cuales el desarrollo nacional dio un salto, caducó por el agotamiento del modelo de crecimiento económico (industrialización sustitutiva de importaciones combinado con exportaciones agrícolas) en la estrepitosa crisis de la deuda de agosto de 1981.

Esta crisis también debilitó al Estado frente a los grupos de presión que se posesionaron de nuevas áreas de expansión y privilegio, perdió este, por lo tanto, capacidad de mediación y de interpretar los nuevos lineamientos del interés colectivo cuando el viejo paradigma político y económico entró en una transición, sin acuerdo ni claridad sobre los elementos del nuevo Estado como botín. Algunos se aferraron a un pasado que no existe más, otros plantearon tesis liberalizantes un tanto extremas para nuestro medio, y unos y otros se bloquearon mutuamente en medio de contradicciones latentes o crecientes, de tal manera que, a pesar de algunos éxitos notorios, muchos se tomaron al Estado como botín, y nunca se acometió integralmente la reforma del propio Estado. El crecimiento económico resultante ha sido insuficiente y los mecanismos redistributivos, perversos.

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Parte del éxito en cuanto a la gobernabilidad del Estado desarrollista se debió a los pocos contrapesos que tenía el Poder Ejecutivo en la práctica, más allá de lo establecido teóricamente en el plano constitucional.

Existían pocas y limitadas posibilidades de garantizar la legalidad o la constitucionalidad de sus actuaciones por parte del Poder Judicial, y el Poder Legislativo seguía la partitura del Ejecutivo, con poco control político, y con abundantes herramientas de cooptación a disposición del Ejecutivo, tales como las partidas específicas y otras acciones acordes con el interés localista de suficientes diputados como para lograr constituir las mayorías necesitadas por el Ejecutivo.

Arribo de la Sala Constitucional. Con el arribo de la Sala de Jurisdicción Constitucional en 1989, se han logrado varios objetivos tales como mayores reservas de constitucionalidad y legalidad y un retorno del poder al Legislativo, pero sin que este lo ejerza; un fortalecimiento de la democracia la aumenta el respeto a las minorías, pero, contradictoriamente, también su debilitamiento, al disminuir el poder de las mayorías, particularmente en el actuar legislativo.

Se pasó de un extremo al otro, sin el debido balance entre los respetos a las minorías, pero también a las mayorías, lo cual ha significado un aumento de la ingobernabilidad, y una creciente intromisión de poderes, quizás resultado de la impaciencia ante la creciente ingobernabilidad. El Estado ha perdido así aún más capacidad de interpretar y enrumbar sus acciones en pos del bien común, y, peligrosamente, pierde legitimidad.

Ante esta crisis, para replantear los equilibrios entre los poderes y un fortalecimiento de la democracia, muchos hemos planteado la necesidad de un cambio político mediante el establecimiento de un sistema parlamentario y otras reformas mínimas que permitan redefinir los equilibrios entre los poderes y su funcionalidad, así como la rendición de cuentas ante la ciudadanía de parte de las autoridades electas. Este conjunto de reformas se entenderían como el principio de un proceso de refundación del contrato social. Sería la base para favorecer el diálogo y la negociación política constructiva y sentar las condiciones para la reforma del Estado y de un modelo de crecimiento y distribución que le dé asidero, en sintonía con nuevos acuerdos sobre el bien común y los desafíos del entorno internacional.

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