EscucharEl Gobierno pretende crear una nueva entidad pública que se encargue de distribuir dinero estatal entre las municipalidades, para reparar vías cantonales.
La institución se llamaría Patronato de Obras y Servicios Municipales y, en principio, se nutrirá de los 23 funcionarios de la Dirección de Gestión Municipal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Juan Rafael Marín, ministro de Descentralización y Desarrollo Local, pretende que este Patronato trabaje adscrito al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para evitar duplicidad de funciones con esa última entidad.
Así lo plantea el proyecto de ley impulsado por la administración de Laura Chinchilla, para cumplir con el mandato constitucional de transferir a las municipalidades el 10% de los ingresos ordinarios del presupuesto de la República.
A finales del gobierno anterior, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para trasladar a los ayuntamientos, gradualmente, en siete años, esos recursos, junto con funciones del gobierno central.
Para ello, el Ministerio de Planificación (Mideplan) debe remitir al Congreso un proyecto de ley anual que indique cuáles fondos y responsabilidades serán trasladadas.
Luego de diez meses de negativas por parte del Mideplan, este ministerio remitió en febrero un proyecto para asignarle a las muninicipalidades la atención plena de la red vial cantonal, con $200 millones provenientes de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.
El plan contempla crear una institución para manejar el dinero.
Ese Patronato se encargaría de “fungir como instancia de coordinación intermunicipal para la percepción y distribución de las transferencias presupuestarias”, indica el proyecto de ley, en el artículo 7.
Entre sus funciones, también tendría que preparar y asesorar a las municipalidades para atender las vías, así como recibir las solicitudes para autorizar las inversiones en las rutas cantonales.
Además de los funcionarios de planta, el texto dispone que la entidad tenga un consejo directivo integrado por siete representantes del sector municipal.
“En la ley de transferencias se dispone que la unidad (de Gestión Municipal) siga haciendo el mismo trabajo de apoyo y de asesoría técnica, pero fuera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, sostuvo Marín.
A criterio del jerarca, el proyecto equivale solo a una propuesta que “requerirá ser mejorada”.
Asimismo, Gallardo, quien ocupa ahora el asiento de ministro de Comunicación, afirmó que los representantes municipales ya han recibido capacitaciones sobre cómo administrar los fondos.
“Ellos han desarrollado una experticia acerca de administración de fondos. No se trata de una cosa arbitraria, ni de que los siete integrantes van a tener un poder ilimitado. Estoy seguro que estas personas van a ponerse de acuerdo sin ningún problema”, añadió.
Inicialmente, la ministra de Planificación, Laura Alfaro, se opuso a la aplicación de la ley de transferencias, pues consideró que “hay una imposibilidad real de cumplir con el mandato constitucional de implementarla”.
