EscucharLa Corte Internacional de Justicia rechazó ayer el reclamo mediante el cual Nicaragua pretendía obtener derechos de navegación sobre el río Colorado, de soberanía costarricense.
Managua planteó esa exigencia en agosto pasado al responder la demanda en que Costa Rica denunció que el gobierno de Daniel Ortega invadió y dañó ambientalmente la isla Calero, en el extremo norte de la provincia de Limón, cerca de la frontera.
El Tribunal, cuya sede está en la ciudad de La Haya, Holanda, consideró que esta y otras exigencias de Nicaragua son inadmisibles dentro de ese proceso.
Así lo informó ayer la Cancillería costarricense en un comunicado, luego de conocer las resoluciones de la Corte sobre las contrademandas que Managua presentó en el caso de isla Calero.
La administración de Ortega exigió el derecho de navegar por el Colorado, con el argumento de que el 90% de su caudal proviene de fuentes nicaraguenses y de que, a causa del desvío que implica este cauce, sus embarcaciones no pueden transitar por el San Juan de manera regular.
San José se opuso por escrito a esa y a otras solicitudes de Managua, que fueron rechazadas ayer.
El Tribunal internacional también denegó una solicitud de Nicaragua para que Costa Rica perdiera cualquier derecho sobre la bahía común de San Juan del Norte, en el extremo caribeño de la frontera.
La Haya rechazó, además, aceptar como contrademanda el alegato de Managua de que Costa Rica incumple las medidas provisionales, dictadas en marzo del 2011, según las cuales se debe despejar la zona en disputa.
El gobierno de Laura Chinchilla también se ha quejado ante el Tribunal, en varias ocasiones, de incursiones nicaraguenses a Calero.
La petición nicaraguense que La Haya sí aceptó fue tramitar en un solo caso las dos disputas que enfrentan a ambos países por cuestiones fronterizas, según informó un cable de la agencia EFE.
Esas disputas son la denuncia de Costa Rica por isla Calero y la acusación de Nicaragua sobre daños ambientales por la construcción de la trocha fronteriza 1856.
Según EFE, los jueces decidieron unificar ambas demandas por el “principio de la economía judicial”, al considerar que las disputas se refieren “a los mismos países y a la misma zona” geográfica común, que es la del río San Juan.
Asimismo, según dijo la agencia, en ambos casos se consideran efectos medioambientales y la libertad de navegación o acceso al río, refiriéndose ambas partes al “riesgo de sedimentación”.
El canciller, Enrique Castillo, informó de que es imposible que el proceso termine en el periodo de este Gobierno como consecuencia de esa unificación.
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