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Otras necesidades básicas

Actualizado el 14 de abril de 2013 a las 12:00 am

¿Debe el Estado construir un centro de convenciones?

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Revisar la experiencia internacional es una práctica que lastimosamente ha estado ausente en muchas de las políticas públicas que se proponen en Costa Rica. Un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, titulado: “¿Se deben financiar centros de convenciones con presupuestos públicos?”, hace un análisis exhaustivo de múltiples países que han invertido recursos en este tipo de proyectos. El trabajo menciona que pocos de estos proyectos generan los beneficios esperados, involucran gastos altos, recurrentes y crecientes por parte del Estado, y más bien imponen restricciones fiscales para impulsar otras iniciativas de mayor retorno social. Además, se menciona que el sector privado es capaz de desarrollar y operar de forma exitosa este tipo de negocios.

Un análisis serio. En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha impulsado la construcción de un centro de convenciones, que tiene un costo de US$65 millones, considerando que el terreno tiene un valor de US$35 millones. Para ello pretende utilizar el superávit de la institución y también obtener un crédito sindicado por parte del Banco Nacional y de Costa Rica. Luego de que el Estado invierta en la construcción, pasará a manos de una empresa privada que se encargará de operar el centro y apropiarse de las utilidades.

Desde la óptica de las finanzas públicas existen elementos importantes que deben ser analizados con detalle. El déficit del sector público para el año 2012 fue de 4,6% del PIB, y se prevé que aumente para el año 2013. Además, la razón deuda/PIB ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. Tomando esto en consideración, conviene evaluar si los recursos escasos deberían enfocarse en proyectos de esta naturaleza y también considerar la capacidad financiera de las instituciones públicas para hacer frente a nuevos préstamos.

Un razonamiento débil. No se puede negar que un proyecto de esta índole parece, a primera vista, atractivo. Estos proyectos de infraestructura se basan en el SUPUESTO de generación de empleo, efectos multiplicadores y encadenamientos, los cuales son políticamente difíciles de resistir. En esta línea, los estudios de factibilidad para centros de convenciones tienen cierta particularidad: lo usual es justificar la viabilidad de los centros tomando en cuenta el impacto sobre los ingresos y el empleo que genera el turismo. Sin embargo, las medidas utilizadas no se basan en análisis cuantitativos rigurosos, sino que se aproxima una demanda que podría no reflejar las condiciones del mercado en todo momento.

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Además, desde una perspectiva ‘macro’, el razonamiento anterior es débil. ¿Qué ocurre si se dan efectos desplazamiento? Por ejemplo, con un nuevo centro de convenciones se realizarían menos actividades en otros espacios ya construidos como el Hotel Herradura, Pedregal o el Real Intercontinental, entonces el efecto estimado en los estudios de factibilidad estaría sobrevaluado, ya que la demanda internacional podría no ser tan elevada como para que se ocupen todos los espacios disponibles.

Es fácil identificar a los principales beneficiarios de un proyecto como este: el concesionario, las compañías constructoras, los hoteles cercanos y los propietarios de terrenos en los alrededores que gozarían de una enorme plusvalía.

El sector privado. Pero si el Gobierno no se encarga de construir un centro de convenciones, el sector privado tiene los incentivos para desarrollar un proyecto de este tipo. Esto sería posible a través de una estrategia de integración vertical, donde los hoteles, además de ofrecer hospedaje y alimentación, también ofrecen espacios para convenciones y reuniones, compartiendo costos operativos entre actividades, es decir, generando economías de escala.

Si el sector privado no realiza estas inversiones, o construye espacios más pequeños, es precisamente porque considera que los beneficios no superan los costos. Difícilmente, las externalidades que genere el centro de convenciones compensen este análisis costo-beneficio, sobre todo considerando el alto costo de oportunidad de los fondos públicos.

Ante el déficit de infraestructura básica que presenta el país (puentes, carreteras, puertos, hospitales), que afectan la calidad de vida de todos los costarricenses y la competitividad del país, resulta relevante considerar si se deben invertir recursos muy escasos en proyectos como el centro de convenciones, que generan beneficios solo para unos pocos.

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