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La mutilación de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Actualizado el 09 de agosto de 2012 a las 12:00 am

Es obligación del Estado garantizar el derecho a la educación de las y los menores

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La mutilación de los derechos de niñas, niños y adolescentes

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La resolución constitucional número 10456-2012 de las diecisiete horas con veintisiete minutos del primero de agosto del año en curso, referida a la pertinencia y viabilidad del programa de estudio “Educación para la afectividad y la sexualidad integral” del Ministerio de Educación Pública, refleja la coexistencia de dos formas antagónicas de análisis y justiciabilidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Esta decisión judicial ha provocado el violentamiento sistemático del bloque de derechos de esta población, que descansa sobre la doctrina de la protección integral, producto de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de agosto de 1990, la cual otorga a los menores el derecho a ser escuchados, desplegándose en dos acciones específicas, a saber: la posibilidad de que el menor pueda expresar libremente su pensamiento sobre una situación determinada, y posteriormente, acceder a un espacio social donde esa opinión pueda ser percibida y tomada en cuenta por los involucrados en los aspectos que le conciernen o interesan.

Al declararse con lugar la violación de la libertad de conciencia, se permitió que quede a criterio de los padres de familia o los representantes del menor, su participación en las lecciones de la asignatura de Ciencias donde se desarrollará el programa de estudio en mención, en detrimento de su derecho a expresar su opinión y voluntad en circunstancias donde se encuentra comprendido, máxime cuando se trata de personas que cuentan con un desarrollo cognitivo que les permite formarse un juicio propio sobre la realidad circundante.

En este sentido, al ponderarse la libertad de conciencia sobre el bloque de derechos de las niñas, los niños y adolescentes, se abre un portillo para mutilar la posibilidad de los menores de involucrarse activamente en aspectos que les incumben exclusivamente, dándole cabida a la antigua doctrina jurídica de la situación irregular, que avalaba la objetivación del menor, prevaleciendo los deseos e intenciones de sus representantes, por encima de su opinión y deseo de participación en asuntos que le competen.

La presencia del régimen tutelar que habilita la doctrina de la situación irregular ronda el escenario judicial, a pesar de que legalmente debiera predominar la doctrina de la protección integral en la Administración de Justicia. El abordaje que se evidencia en la resolución, resulta peligroso y temerario en cuanto a la posibilidad de ir generando precedentes que podrían inhibir el acceso de las niñas, niños y adolescentes a saberes o conocimientos que inciden en su desarrollo integral.

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En este caso, la Sala Constitucional se ha precipitado en favorecer la libertad de conciencia de los adultos en menoscabo de los derechos humanos a la salud y la educación de los menores, donde el ejercicio del derecho del menor a recibir una apropiada educación sexual se ve obstaculizado por las ideas, creencias o culto religioso de sus padres o representantes.

Problema de salud pública. El programa de estudio en comentario ha sido enfático en articular la enseñanza de la sexualidad como una política que ataca problemas de salud pública, como el embarazo adolescente y la propagación de las enfermedades de transmisión sexual. Además, la iniciativa promueve la formación integral del menor, donde se dé la máxima satisfacción de sus necesidades básicas, permitiéndole desarrollarse en los distintos ámbitos que comprenden la vida en sociedad, bajo la óptica del interés superior del niño.

De tal manera, cuando la autoridad ejercida por los padres o representantes se ha apartado de la satisfacción del interés superior del niño, obstaculizando la posibilidad de que de las niñas, los niños y adolescentes alcancen un nivel óptimo de salud sexual y reproductiva que radique en el ejercicio autónomo de sus derechos sexuales y reproductivos, el Estado se encuentra obligado a impartir un cúmulo de conocimientos que favorezcan el goce y disfrute de esos derechos.

Hoy más que nunca, resulta indispensable renovar el pacto social entre los adultos y los menores, mediante un proceso de “reafiliación”, donde se genere un diálogo constructivo alrededor de las expectativas que tiene cada uno del otro, refundando la comunicación en torno a la sexualidad mediante un lenguaje compartido que permita la interpelación recíproca.

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