Con pisos, paredes o techos desgastados, la mitad de las viviendas del país sufren deterioro por falta de mantenimiento y reparaciones.
El dato se desprende de un informe de la Fundación Promotora para la Vivienda (Fuprovi), el cual revela que de las 1.238.438 casas que hay en nuestro territorio, 601.348 necesitan arreglos.
De ellas, 100.000 viviendas están en mal estado, es decir, es necesario hacerlas nuevas, porque no están en condiciones para ser habitadas.
“El Censo del 2011 dice que el déficit cualitativo de vivienda del país es de 171.573 hogares, pero la cifra es más alta. El dato real y sin tintes políticos son 600.000 casas que incluyen a aquellas regulares que están descuidadas y sufren daños en piso, paredes o techo”, dijo Eloísa Ulibarri, directora de Fuprovi.
En la última década, la cifra de casas malas y regulares aumentó en un 35%, con 154.000 casos más.
Causas. La falta de dinero para hacer reparaciones o el descuido hacen que familias, por lo general de clase media, vayan perdiendo la calidad de sus moradas.
El hogar Ramírez Zamora de barrio México, en San José, tiene 14 años de habitar la misma casa, sin poder darle el cuidado deseable.
“No tenemos plata para gastar en reparaciones, los arreglos que hemos hecho son muy caseros. Las paredes están llenas de moho, el techo también y tenemos un muro que se está cayendo”, relató Olga Zamora, madre de la familia.
En esa vivienda habitan seis personas y los ingresos llegan a ¢350.000 por mes. Con eso se las ingenian para reparar cortos circuitos, tapar goteras y pasar pintura a paredes afectadas por la humedad.
“El año pasado queríamos hacer cambios en la instalación eléctrica pero el arreglo salía en más de un millón de colones y no hay dinero; o arreglamos la casa o comemos”, concluyó Zamora.
De acuerdo con el índice de precios de la construcción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre noviembre y diciembre del 2013 hubo un aumento en el cemento de hasta un 3,46%.
Opciones. El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ofrece un subsidio para reparaciones, que el año pasado solo representó un 7% de los bonos otorgados.
Los interesados pueden recibir hasta ¢6.250.000, según sus ingresos familiares. Esta ayuda se llama bono de reparación, ampliaciones, mejoras o terminación (RAMT).
Para aplicar por el beneficio se necesita formar parte de un núcleo familiar, que la casa sea la única propiedad con que se cuente, no haber recibido con anterioridad un bono de vivienda y tener un ingreso familiar inferior a ¢1.334.522.
Un 79% de las viviendas que necesitan reparación están habitadas por familias con un ingreso mensual promedio de ¢896.000 por mes.
“Con el bono RAMT hay un problema y es que las personas que recibieron bono de vivienda hace 30 años y siguen siendo pobres, no podrían optar por esa ayuda. Hay que hacer cambios en la ley y trabajar a favor de la clase media”, señaló Álvaro González, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
El informe de Fuprovi también señala que el 36% de las viviendas en mal o regular estado, no son propiedad de quienes residen en ellas. “Si la casa es alquilada o prestada es más difícil que sus inquilinos inviertan”, indicó Ulibarri.
“Son casas que si no se les da el mantenimiento adecuado a tiempo, saldrán más caras en el futuro. A eso hay que sumar los 418 precarios que tienen serios problemas de vivienda”, añadió la directora.
En los asentamiento informales se contabilizan unas 76.057 viviendas ocupadas por una población total de 296.149 personas.
Según el Plan GAM 2013, sobre ordenamiento territorial, las viviendas en tugurio se concentran en la Gran Área Metropolitana (GAM), siendo Alajuelita y San José los cantones más impactados.
“Hace falta que los planes reguladores de las municipalidades del país sean consonantes con la realidad que vivimos y con las necesidades de vivienda que tiene el país”, concluyó Ulibarri.