El mensaje pronunciado por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, es un buen recuento de lo ocurrido en el 2012 alrededor de los cuatro ejes puntales de lo económico, social, seguridad ciudadana y ambiental. En lo económico, destacan los aspectos positivos en diversas áreas, incluyendo el crecimiento real, exportaciones y estabilidad, pero echamos de menos los pormenores de cómo solucionar los retos que aún aquejan a la economía nacional. El balance, sin embargo, es moderadamente positivo.
La relativa estabilidad de precios, medida por las variaciones en el índice de precios al consumidor (IPC), no se debe exclusivamente a las políticas monetaria y cambiaria del Banco Central, sino a factores que podrían no estar presentes en el futuro, como los precios de los productos internacionales que se incorporan de manera directa o indirecta al mercado interno, y la prácticamente nula devaluación durante todo el 2012. Esos factores obviamente pueden variar en el futuro y el país debe prepararse para enfrentar mayores presiones en los precios.
En materia fiscal no ha habido logros importantes. Después de la fallida iniciativa para reformar el impuesto sobre la renta y convertir el gravamen sobre las ventas en otro al valor agregado (IVA), el déficit ha permanecido elevado, alrededor del 5% del PIB, debido al desganado esfuerzo para reducir los gastos. Este periódico siempre apoyó la racionalización de las remuneraciones de los servidores públicos, aún pendiente, y la aprobación de una reforma fiscal comprensiva, incluyendo un esfuerzo importante en materia de impuestos y gastos. Pero ninguna se dio.
La producción nacional creció al 5% real, tal y como destaca el informe, impulsada por la recuperación de ciertos sectores clave, particularmente las exportaciones de bienes y servicios, que aumentaron un 10% real, a pesar de las vicisitudes de la economía mundial. Esa cifra contrasta bien con la registrada durante la crisis y la incipiente recuperación. No obstante, resultó insuficiente para bajar apreciablemente los niveles de pobreza, desempleo y desigualdad. Si bien se crearon 170.000 puestos de trabajo, también se incorporó un número importante de personas a la fuerza laboral que había desistido de buscar ocupación en el pasado reciente, por lo que el desempleo apenas se redujo ligeramente por debajo del 10% de la fuerza laboral. La verdadera situación del desempleo y subempleo, que también aumentó, es la reflejada en las cifras actuales.
El reto pendiente, no mencionado en el informe, es si con las perspectivas de menor crecimiento real para el presente año y el próximo se podrá continuar reduciendo el desempleo, hasta llevarlo al 6,5% de la fuerza laboral, como lo tuvimos en el pasado. Algo similar sucede con la pobreza, que aunque bajó un punto porcentual, ha permanecido estancada alrededor de un 20% de las familias costarricenses en las últimas décadas. Y en relación con la desigualdad, más bien ha venido creciendo paulatinamente hasta llegar al 0,52, medida por el coeficiente de Gini, tal y como comentamos en un editorial anterior. Son muchos millones de colones los invertidos por un buen número de entidades públicas en programas sociales sin que se haya logrado marcar una diferencia apreciable. Cierto es que se ha avanzado en muchas iniciativas, incluyendo los programas del Imas, INA, vivienda, educación técnica y educación en general, especialmente el programa Avancemos, pero la eficacia del gasto social debe continuar mejorando para contribuir a reducir la pobreza y desigualdad.
Para combatir más aficazmente estos problemas, el país debe crecer a tasas más elevadas y sostenidas. No es suficiente disminuir las tasas de interés para estimular temporalmente la producción que, dicho sea de paso, comenzaron a bajar al final del 2012 por lo que apenas incidieron en el crecimiento mencionado en el informe. Para sostener el crecimiento del producto interno bruto (PIB), se debe continuar con las reformas estructurales (apertura y liberalización, entre otras), y restablecer el equilibrio macroeconómico como han hecho otros países que han logrado tasas de crecimiento del 7% en forma sostenida por más de veinte años, y emprender otras acciones mencionadas o puestas en ejecución por la presente administración.
Aparte de lo anterior, la presidenta de la República tiene toda la razón al mencionar dos retos pendientes, muy importantes para impulsar el crecimiento de la producción y, en consecuencia, del empleo: inversión en infraestructura y disminución de trámites burocráticos para facilitar el emprendimiento y la toma de decisiones. El primero es fundamental, pues genera crecimiento y empleo directamente en la construcción de las obras y carreteras, por ejemplo, e indirectamente al facilitar el trasiego de personas y mercancías en el territorio nacional. Y el segundo, menos relevante cuantitativamente, promueve un buen ambiente empresarial, también necesario para tener un sector privado vigoroso y eficaz, dispuesto a asumir riesgos y aumentar la inversión. Esperamos que en el resto del gobierno se dé un decidido impulso a ambos retos, para beneficio de todos los costarricenses.