EscucharAcopiados en una gaveta, los papeles que el periodista había acumulado sobre la sospechosa compra de la casa de Valle del Sol esperaban convertirse en alimento para triturador.
Para diciembre del 2003, Ernesto Rivera estaba frustrado. Había exprimido cada registro inmobiliario de la casa 59 del residencial en Santa Ana, y del relato inicial no había ni rastros.
Eliseo Vargas García, el político presidenciable que lideraba la CCSS y combatía los biombos en una cruzada anticorrupción, vivía en una casa de $735.000 comprada por la Corporación Fischel, pero no teníamos pruebas para demostrarlo.
Una reunión de planeamiento desempolvó el flaco expediente en febrero del 2004.
Repensado en frío, papeles sobre la mesa, surgió la absurda posibilidad de que algún abogado de Fischel hubiese dejado huellas en la compra de la residencia, de la que ahora, siete años después, nadie acepta ser su dueño.
Seguir los hilos de esa idea nos llevó a descubrir la primera evidencia irrefutable en el protocolo público del abogado de Corporación Fischel, Randall Vargas: un acta de sesión de acciones de la sociedad Alfa PVS Cincuenta y Nueve, empresa dueña de la casa en la que vivía Eliseo Vargas.
Esa pista nos adentró en una enorme bola de evidencias que engordó hasta dibujar un mamut de dos cabezas, dos grandes redes de pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos: el caso CCSS-Fischel, cuyas pruebas más tarde condujeron a descubrir el caso ICE-Alcatel. En los entramados de los dos casos resultaron implicados tres expresidentes de la República: Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y José María Figueres.
Dos fiscales del Ministerio Público acudieron ese mismo día a la oficina de la unidad de investigación de
En las siguientes semanas, la investigación de
Las publicaciones también revelaron que Eliseo Vargas había abogado, como diputado, porque el Congreso aprobara, en tan solo tres días, una ley que permitió la compra de $39,5 millones en equipo médico al consorcio finlandés Instrumentarium Medko-Medical, representado en el país por la Corporación Fischel.
Reiche y Eliseo Vargas fueron arrestados y, casi a diario, se desplegaban operativos judiciales: un día se allanaban la Corporación Fischel, las casas y las oficinas de los involucrados, otro día las oficinas de la junta directiva de la CCSS.
El Ministerio Público pidió también levantar el secreto bancario a un entramado de cuentas panameñas que Wálter Reiche había abierto para la recepción de las comisiones finlandesas, atenido a los beneficios de lo que creía un sistema seguro, discreto e infranqueable.
Para esos días, a finales de agosto del 2004, cuando su nombre aún no estaba ligado al caso, el exmandatario Calderón hacía múltiples llamadas aquí y en Panamá para intentar frenar la apertura de las cuentas, según la Fiscalía.
El expediente reporta, entre otras, una llamada del exmandatario a Anabella Díez, exdiputada del PUSC quien para esos días era asesora de la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso. “Aquella le indicó que la información bancaria ya se había entregado”, relató el Fiscal.
Cuando Panamá entregó las evidencias bancarias, en setiembre del 2004, el caso dejó de ser “el de la casa de Valle del Sol” y se convirtió en una investigación mayúscula, en la que se involucraba directamente al expresidente Calderón.
Dos periodistas de
Allí, en un par de ampos con olor a nuevo e hinchados de reportes bancarios, aparecieron las transferencias por $440.000 que Reiche envió a la empresa controlada por Calderón, Sultana Panamá S. A.
Los registros también expusieron la ruta para la compra de certificados de depósito por $80.000 que, luego de ser canjeados por Alfonso Guardia (primo de Calderón), terminaron depositados en una cuenta bancaria de Gloria Calderón Bejarano, esposa de Calderón y actual diputada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El árbol de transacciones, reportó, además, el nombre de la empresa International Development and Outsourcing Corporation, una compañía abierta por Eliseo Vargas en Panamá y con cuenta en Miami, que recibió $105.000 del dinero finlandés.
Las cuentas secretas de Reiche también escupieron dinero para comprar certificados de depósito para el entonces gerente de modernización de la CCSS, Juan Carlos Sánchez Arguedas, y el director de la CCSS, Gerardo Bolaños Alpízar.
Como en el cuento de
Decenas de ampos abarrotaron una sala especial habilitada por el Ministerio Público como la bodega del caso CCSS-Fischel.
La causa judicial fue bautizada como de “tramitación compleja”, con lo cual los fiscales se tomaron más tiempo para investigar y acusar los delitos.
El caso llegó a juicio en noviembre del 2008 y, luego de 10 meses de debate público, el Tribunal condenó por peculado al expresidente Calderón, Eliseo Vargas, Walter Reiche, Gerardo Bolaños, Juan Carlos Sánchez y al exgerente de Corporación Fischel Marvin Barrantes.
La sentencia, de 1.157 páginas, lanzó fuertes dardos contra todos. A Calderón lo acusó de mover sus fichas, a cambio de dinero, para que se aprobara la licitación de equipo médico al consorcio representado por Corporación Fischel.
Ayer, siete años después de la primera publicación sobre la casa de Valle del Sol, los magistrados de la Sala III cerraron el ciclo judicial, ratificando las condenas y, de paso, pasando a manos del Estado la casa de la que nació el mamut.
