De pronto, hace dos días, 1,4 millones de cotizantes y 60.000 patronos, nos despertamos en el año 2030.
Algunas autoridades de la Caja, de cuyos nombres deberemos acordarnos siempre, lograron transportarnos a ese año, a un futuro construido por el director actuarial, Luis Guillermo López, quien aseguró que hasta en el 2030 tendríamos que hacer ajustes en los aportes al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Sin embargo, resulta que no. El régimen sostenible hasta el 2040 (según los estudios actuariales de la Caja ), debe ser sujeto a un incremento en las primas que pagamos trabajadores, patronos y Estado, y un aumento en la edad de pensión.
La Superintendencia de Pensiones (Supén), que desde el 2010 no ha dejado de insistir en el maquillaje de cifras en la Caja, cree que el aporte tripartito debería pasar de 8% a 15%, y la edad mínima de jubilación debe llegar a 67 o 68 años.
¡Bienvenidos todos a la realidad! Ya es el 2030.
La Caja reconoce hoy que “hay que modificar las cosas”. Lo dicho por su presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, contrasta con su insistencia desde hace dos años en la solidez del sistema, cuando con la misma vehemencia rechazaba las advertencias de la Superintendencia y pese a que las cifras también mostraban problemas.
Ahora resulta que Supén queda reivindicada hasta por Casa Presidencial, pues, como indicamos hoy en La Nación , no será este Gobierno el que defina cómo se salvará el régimen. Las decisiones le tocarán a quien esté gobernando en el 2015, cuando se confirmen los vaticinios de problemas en las reservas que realizó el supervisor, que, de paso, nunca lo pudo ser para este régimen.
Esto se llama IRRESPONSABILIDAD, así en altas. Se ha jugado con un fondo que no solo representa la tranquilidad de los ciudadanos, sino, en mucho, la estabilidad del sistema financiero del país.
Tuvieron que pasar muchas solicitudes de información a Dinorah Garro y José Luis Martínez, quienes estuvieron al frente de Pensiones en la Caja; duros informes de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y el Consejo de Supervisión del Sistema Financiero para que, en pleno 2013, la ilusión (y elusión) se acabara.
La mesa le queda servida al próximo Gobierno, pero para el 2014, no en el 2030.