Lo bueno, lo malo y lo ausente: el plan B

Por una parte, el de congelamiento de salarios (los cuales de paso son la principal causa de la crisis actual), la venta de activos ociosos, la reducción de la deuda política (la cual se ha caracterizado por ser una invitación al despilfarro), y la revisión de las exoneraciones son acciones positivas siempre y cuando estén dentro de un marco de responsabilidad fiscal más grande.

Por otra parte, se deben continuar con las medidas de recorte del gasto público. Según el criterio técnico el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas sobre la crisis fiscal y el Proyecto de Solidaridad Tributaria, la probabilidad de estabilizar la situación fiscal de Costa Rica para el año 2015 es mucho mayor mediante un recorte de un 2% del gasto público en términos del PIB que mediante un incremento del 2% en la carga tributaria en términos del PIB.

Aspectos por discutir. Al quedar descartada por completo la posibilidad de más tributos, se vuelve aun más necesario revisar partidas específicas, incluyendo rubros por consultorías y contrataciones externas, las cuales han sido foco de atención mediática en los últimos días al destaparse un gran número de irregularidades en su asignación; el recorte del gasto superfluo del Estado costarricense debe estar hoy día ocupando los primeros lugares en la agenda parlamentaria. Adicionalmente, es necesario discutir la venta de algunos grandes activos y empresas estatales que únicamente le generan pérdidas al Estado tales como FANAL.

Por último, el endeudamiento externo por $4.000 millones, limitado a $1.000 millones anuales, debe verse con cuidado ya que puede presentar una severa amenaza al cumplimiento de las metas de política monetaria. Si bien es cierto el endeudamiento externo permite reducir en casi un 50% el costo de captación, debemos tomar en cuenta que con un tipo de cambio pegado a la banda inferior, las divisas que traería el Gobierno a nuestro país por materia de endeudamiento externo posiblemente llevaría nuestro tipo de cambio a su nivel mínimo de ¢500, lo cual obligaría al Banco Central a emitir dinero para defender la banda para luego tener que endeudarse a fin de evitar mayores presiones inflacionarias.

Cuando el Ministerio de Hacienda dice que estas colocaciones externas no afectarán las tasas de interés locales, ignora por completo la coyuntura actual en donde, gracias a la cercanía del colón con el piso, el BCCR necesariamente colocará bonos en el mercado local (“esterilización” del sector financiero), aumentando con ello las tasas de interés nacionales.

Problema de inflación. La historia reciente de nuestro país nos ha demostrado que las recurrentes pérdidas del Banco Central han truncado nuestra capacidad de poder cumplir con la reducción del impuesto más regresivo de todos: la inflación.

¿Puede el BCCR hacerle frente a una defensa tan feroz de sus bandas cambiarias ante la voracidad del Ministerio de Hacienda? Posiblemente no, por lo que esta medida le pondría a Costa Rica un enorme rótulo de “especulen contra mi” en el mercado mundial.

Nuevamente, esto es un claro ejemplo de la contradicción entre políticas públicas en nuestro país, en donde instituciones que deben colaborar toman decisiones que comprometen la materialización de las metas.

Debemos darle una larga reflexión al futuro fiscal de nuestro país: la imposibilidad del Gobierno por aprobar su paquete de impuestos en el congreso y la poca voluntad del mismo por revisar sus partidas específicas han dejado a nuestro país en un puerto muerto en materia de sostenibilidad fiscal.

Esperemos que de esta situación logremos entender que los problemas se atacan desde la raíz, y cuando una situación surge por un gasto desmedido del Gobierno, son estos quienes deben socarse la faja, no el ciudadano.