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Actualizado el 25 de agosto de 2012 a las 12:00 am

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Muy valiente la denuncia que hace el funcionario de la Caja Daniel Muñoz. Además de publicar en la web un video que saca a la luz pública una serie de anomalías que suceden en el interior de la Caja, aparece entrevistado en una de las primeras páginas del principal periódico del país. Valiente, porque, aunque corría el peligro de perder su empleo y la amistad de muchos compañeros de trabajo, siguió adelante con lo que a el le pareció que era lo correcto. A pesar de que muchos puedan decir que hacer lo correcto no debería ser clasificado como valentía, la verdad es que hay un gran número de funcionarios públicos que saben que hay cosas que no están bien en su institución, y aun así callan, con tal de defender la “institucionalidad” y sus propios intereses.

Según la denuncia de Muñoz, la Dirección Actuarial de la institución “maquilló” los datos de un estudio, que sirvió de base para convencer a la junta directiva de la Caja que modificara la política salarial. Producto del mal estudio se hizo un aumento de salarios desproporcionado y se subió el tope de cesantía de 12 a 20 años. Así, la Caja se terminó de hundir en una de sus peores crisis financieras, si no la peor.

Esto que sucedió en la Caja se conoce en teoría económica como el problema del “agente-principal”. Esta se refiere al problema que surge cuando un actor económico (principal) depende, para tomar decisiones, de lo que le diga o haga otro actor (agente), pero la información que ambos conocen no es la misma. En esos casos, el agente puede decir o hacer cosas que terminen llevando al principal a tomar decisiones incorrectas.

En el caso de la Caja, la junta directiva (el principal) fue llevada a tomar una decisión incorrecta por información manipulada por un subalterno suyo (el agente). Este último, utilizó el hecho de que la junta no conocía toda la verdad para favorecerse con mejores condiciones salariales.

Pero esto no es exclusivo de la Caja. Se da en todas las instituciones públicas y hasta en empresas privadas. En empresas de gran tamaño es usual que sus dueños (el principal) no sepan tanto del funcionamiento interno de la compañía como los empleados (el agente). Eso hace que estos puedan obtener beneficios a su favor, como mejores condiciones salariales u otros beneficios. La diferencia está en que, si los empleados privados abusan de ese “poder”, pueden llevar a la compañía a la quiebra, y ellos quedarse sin trabajo. Mientras que, como las instituciones públicas no pueden quebrar ni tienen competencia, simplemente trasladan el costo a los usuarios a través de un mayor precio del servicio público o de un deterioro en la calidad. Así qué fácil.

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Luis Mesalles

Obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio-consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada.

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