Constantemente se escucha de problemas de largas filas en la Caja. Una operación "no urgente" que se programa para dos años más tarde. Una mamografía o un electrocardiograma para los que hay que esperar a veces más de un año. Incluso hasta un simple examen de sangre que no se puede realizar de inmediato por la falta de reactivos en los laboratorios de la Caja. Todos ejemplos de procedimientos que podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes, pero que, por una razón u otra, no se hacen a tiempo, perjudicando enormemente a miles de costarricenses.
Evidentemente hay problemas graves de gestión. En unos casos, aunque el dinero está disponible, no se compran ni los medicamentos ni el equipo idóneo. La planificación falla. En otros casos, el dinero se distribuye mal, quedando poco para algunas necesidades, pero sobrando para otras. De ahí que, mientras faltan algunos medicamentos, otros vencen estando en una bodega. Evidentemente hay fallas enormes de logística. Se dan casos también en que no hay médicos especialistas para efectuar algún procedimiento, pero a la vez muchos médicos realizan una práctica paralela a la Caja. Los llamados "biombos" no son otra cosa que corrupción.
La típica historia es algo así: la Caja hace una licitación para comprar algún equipo nuevo. El proceso toma muchísimo tiempo por las múltiples apelaciones y complicados procedimientos. Como los equipos tardan en llegar se hacen grandes filas. La Caja entonces contrata una clínica "privada" para que brinde el servicio con equipos iguales a los que no pudo comprar. Curiosamente, algunos de los mismos médicos de la Caja son socios en la clínica "privada", por lo que se da un incentivo perverso para crear filas dentro de la Caja, y que así la clínica haga más negocio.
¿Como terminar con este circulo vicioso? Hay que buscar mecanismos que ayuden a mejorar la planificación y la logística, a la vez que disminuyan el incentivo a la corrupción. Por ejemplo, en lugar de que la Caja adjudique a una sola clínica el servicio, podría certificar varias clínicas con capacidad para brindar el servicio –cuantas más, mejor–. Con base en una receta emitida por un doctor de la Caja, se les permitiría a los pacientes que escojan la clínica que mejor les parezca, ya sea por conveniencia, cercanía a su hogar o por reputación de mejor servicio.
La Caja luego le pagaría una cuota preestablecida por cada paciente atendido por cada clínica. De esta manera se reduciría la corrupción, ya que los médicos no podrían obligar a sus pacientes a pagarle a determinada clínica por el servicio.
Este esquema no es nada inventado, ni implica la privatización de la Caja. Las cooperativas de auto- gestión de la Caja ya funcionan con un mecanismo muy similar, y han sido exitosas.
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