A nadie sorprendió la contundente reelección de Rafael Correa en los comicios ecuatorianos del domingo recién pasado. Enfrentando una oposición dispersa y desarticulada, y basado en una popularidad estimulada por el gasto social financiado con petrodólares, Correa se aseguró un tercer periodo consecutivo en el palacio de gobierno y logró una abrumadora ventaja legislativa.
Su partido, Alianza País, obtuvo 83 escaños de un total de 137, por lo que tendrá el 60 por ciento de las curules parlamentarias. Esto es algo de lo que hasta ahora había carecido y que introduce un nuevo factor en la política ecuatoriana. Durante la campaña presidencial, Correa insistió, una y otra vez, en su intención de radicalizar la “revolución ciudadana” y se quejó de los obstáculos creados por el sistema de pesos y contrapesos propio de la división de poderes.
Ahora tiene lo que buscaba. En el nuevo Congreso, una abigarrada colección de 11 partidos se repartirá los 54 escaños de la oposición, y seis de esos partidos obtuvieron solo un congresista.
De ahí que los únicos límites reales serán los que Correa se autoimponga. Desafortunadamente, sus conocidas tendencias autoritarias no son el mejor marco institucional para mantener bajo control la tentación del poder cuasi absoluto.
Contra la prensa independiente. Por lo pronto, la misma noche de su elección opinó que la prensa privada fue la “gran perdedora” de la jornada electoral y anunció que aprovechará su mayoría parlamentaria para consolidar una nueva ley de comunicación.
Dictar leyes de “comunicación” es una moda a la que han recurrido últimamente los gobernantes de la órbita chavista. En Argentina, Cristina Kirchner impulsó una norma para tratar de doblegar al Grupo Clarín. De modo que el anuncio de Correa significa que la operación de acoso y derribo que ha tenido por años contra los medios de comunicación, ejemplificada en su demanda multimillonaria contra el diario El Universo y que llevó al exilio a su entonces director, Emilio Palacio, se intensificará.
Para no dejar dudas, según reportó ese mismo diario, Correa agregó: “Esta es la oportunidad para cambiar el país. Una de las cosas que hay que arreglar en la prensa es la falta de ética sin escrúpulos que quiere para gobernar, y no lo vamos a permitir”.
Criminalidad desbocada. El crimen violento es una preocupación creciente a la que el gobierno de Correa no ha prestado mayor atención. En un informe de mayo de 2011, el antiguo reportero especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, destacó que el índice de homicidios en Ecuador se había “disparado” en las últimas dos décadas, incrementándose un 82% entre 1990 y 2009 para alcanzar 18,7 por cada 100.000 habitantes. “En algunos pueblos,” dice Alston, “el índice de crimen excede 100 crímenes por cada 100.000 habitantes, una tasa que coloca estas áreas entre las más peligrosas en el mundo”. Ecuador está también luchando contra robos armados y “secuestros exprés.” De hecho, a principios de este mes, uno de los candidatos presidenciales, Mauricio Rodas, fue secuestrado y obligado a retirar dinero de múltiples cajeros automáticos.
En este sentido, el director regional de la DEA para la zona de los Andes, Jay Bergman, expresó su preocupación porque el país se está convirtiendo en un centro de actividad criminal organizada, atrayendo pandilleros desde lugares tan diversos y alejados como Albania, China, Italia y Ucrania.
“Si yo soy un traficante de drogas organizado y quiero encontrarme con mi contraparte colombiana,” dijo Bergman a Reuters, “probablemente preferiría reunirme en Ecuador y no en Colombia”.
En octubre pasado, la Policía ecuatoriana desarticuló un par de redes de drogas con conexiones con Europa del Este. Luego el exjefe de inteligencia militar ecuatoriana, Mario Pazmiño, estimó que el número de rutas marítimas utilizadas para el envío de drogas fuera del país ha aumentado en un 90% desde 2005.
“Aun si el incremento en las rutas de tránsito es menor al 90% reclamado por Pazmiño”, comentó James Bargent de InSight Crime, “el nivel del reto que enfrentan las autoridades de seguridad ecuatorianas ya es desalentador, como lo sugiere el análisis de Pazmiño, que se incrementa año con año”.
Parte del problema es puramente geográfico, pues el país se ubica entre dos de los mayores productores de cocaína del mundo. Sin embargo, otra parte deriva de las políticas erróneas de Correa.
En opinión de Pazmiño, el cierre de la base aérea estadounidense en Mantas, que precisamente se utilizaba para el monitoreo aéreo del tráfico de drogas, contribuyó a la proliferación de las rutas ecuatorianas de drogas. Además, Correa adoptó políticas de visas extremadamente permisivas que han facilitado el ingreso y la salida del país de mafiosos extranjeros.
Asimismo, la corrupción desenfrenada de la Policía ha empeorado bajo el actual Gobierno y a menudo tiene consecuencias mortales.
Así ocurrió en el caso de Byron Baldeón, fotógrafo ecuatoriano quien en mayo pasado documentó la corrupción policial y luego testificó en un caso criminal. El 1.° de julio pasado, Baldeón fue asesinado frente a su casa por motociclistas armados.
Con este trasfondo, Correa haría bien en utilizar su renovado poder político en el Ejecutivo y en el Parlamento para abocarse a resolver problemas realmente apremiantes, en vez de cebarse contra la prensa independiente por críticas que son parte inherente del mecanismo democrático.
Si no toma el control frente al crimen organizado, el vacío no solo afectará sus niveles de aprobación popular, sino además expondrá a su país y a los ecuatorianos a los terribles niveles de violencia e inseguridad que otras naciones de la zona han sufrido.