En los últimos años se han presentado proyectos de ley, entre ellos el 15161 y el 16030 para flexibilizar la jornada de trabajo y permitir a las empresas extender los horarios sin violentar las reglas del Código de Trabajo. ¿Son necesarias estas reformas? ¿Por qué no se han aprobado? Para responder estas preguntas, primero debemos entender qué tenemos en la actualidad y por qué la necesidad del cambio.
Nuestra legislación laboral establece tres tipos de jornadas ordinarias: la diurna, la nocturna y la mixta. La jornada diurna puede establecerse entre las 5:00 a. m., y las 7:00 p. m., por regla general no puede ser superior a 8 horas diarias y 48 semanales, pero si el lugar de trabajo o las labores no son insalubres o peligrosas, la jornada diurna puede ser hasta de 10 horas diarias, siempre respetándose el límite máximo semanal de 48 horas.
Por su parte, la jornada nocturna se debe prestar entre las 7:00 p. m., y las 5:00 a. m., tiene un límite máximo diario de 6 horas y de 36 horas semanales. Finalmente, la jornada mixta se inicia en jornada diurna y termina en nocturna, o viceversa. Su límite máximo es de 7 horas diarias y 42 semanales, salvo que, como sucede con la jornada diurna, si el lugar de trabajo o las labores no son insalubres o peligrosas, es posible ampliarla a 8 horas diarias y 48 semanales.
Estas reglas fueron establecidas en el Código de Trabajo desde 1943, es decir, hace aproximadamente 67 años, cuando el modelo de producción de nuestro país era netamente agrícola y con condiciones de trabajo muy distintas a las actuales. No tengo la menor duda de que nuestros legisladores fueron precavidos para definir límites a la jornada de trabajo: al fin de cuentas, el trabajador es un individuo con responsabilidades familiares y sociales que el trabajo no le puede dispensar.
Sin embargo, hoy la realidad es distinta. Muchas de las empresas locales o multinacionales radicadas en el país compiten con empresas de otros países que enfrentan costos operativos más bajos. Por ello, han buscado implementar jornadas 4x3 para no interrumpir la producción; sin embargo, enfrentan el problema de incumplir la actual legislación laboral por tener jornadas extraordinarias permanentes y de ahí la justificación de los proyectos de ley para legalizar este tipo de jornadas y ponerse a derecho.
Con una jornada 4x3 aprobada, las empresas podrían contratar trabajadores por turnos de 12 horas. De esta forma, habría un grupo que trabajaría cuatro días seguidos de 6:00 a. m., a 6:00 p. m., hasta completar las 48 horas semanales y descansaría los restantes 3 días de la semana. Un segundo grupo trabajaría 3 días seguidos de 6:00 p. m., a 6:00 a. m., para completar las 36 horas semanales nocturnas y descansaría 4 días seguidos. Los otros dos turnos cubrirían de la misma forma los días restantes, para cumplir con una producción de 24 horas al día los 7 días de la semana.
El proyecto de ley pretende legalizar este tipo de jornada y no pagar horas extras de forma permanente.
Oposición. Los sectores que se han opuesto a este proyecto mencionan, con buena razón, tres puntos sensibles a considerar: a) Elimina el pago de horas extras y esto disminuiría el ingreso real del trabajador, que ya se ha acostumbrado a esa jornada; b) La jornada 4x3 genera el estancamiento de los trabajadores porque no tendrían tiempo para estudiar; y c) Es una jornada que afecta a las mujeres con niños menores porque no hay disponibles centros infantiles con horarios acordes.
En efecto, acá es donde los diversos proyectos de ley han fallado, porque hasta la fecha, ninguno ha contemplado estas críticas. Para que un proyecto de esta naturaleza sea viable, deben implementarse programas de capacitación del INA adaptados a estas jornadas; también es necesario adaptar centros infantiles y se podría establecer un capítulo de control y fiscalización para las empresas que deseen implementar estas jornadas. Así, por vía reglamentaria, se podría asegurar que el Ministerio de Trabajo sea quien autorice a las empresas el uso de estas jornadas.
Estos proyectos de ley necesarios y urgentes para la empresa privada llevan más de diez años de estar en la corriente legislativa y no dudo que podrían pasar varios años más sin que se aprueben, hasta tanto no se encuentre un equilibrio entre las necesidades e intereses de los sectores involucrados y las condiciones apropiadas para su aprobación.