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Gilberth Calderón

‘SE infringió el marco legal’

Actualizado el 28 de junio de 2012 a las 12:00 am

Gilberth Calderón Procurador de la ética pública

El Procurador de la Ética Pública entregó ayer un informe a la presidenta Chinchilla señalando faltas a la integridad de miembros de su gabinete

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¿Qué investigó la Procuraduría de la Ética en relación a las recomendaciones que el vicepresidente Liberman, el ministro Garnier y otros funcionarios extendieron a la firma Procesos?

Hoy entregamos a la Presidenta el informe final de una investigación que llevó a cabo la Procuraduría de la Ética Pública sobre la contratación que Recope le otorgó a Procesos. Tras esa contratación se denunciaron tres temas: las eventuales irregularidades en el proceso de contratación, que investiga la Contraloría; la eventual existencia de delitos penales, cuya investigación está en la Fiscalía, y la emisión de unas cartas de recomendación por parte de altos funcionarios del gobierno, este último tema fue el que nosotros investigamos.

“Como resultado de esa investigación, determinamos que en ese proceso de contratación, se emitieron cartas de recomendación de parte del señor vicepresidente Liberman; del señor ministro Garnier; de la entonces viceministra de Comercio Exterior y hoy directora de Asignaciones Familiares, Amparo Pacheco, y de la señora Gladys González, que actuó como asesora del MEP.

“Concluimos que esas cartas de recomendación infringen el marco legal y son prohibidas por directrices vigentes de la Contraloría y del Poder Ejecutivo.

¿Son cartas de recomendación o cartas donde se acreditan antecedentes laborales?

Hicimos el análisis legal, valoramos la prueba recogida durante la investigación y concluimos que estas cartas no son certificados de experiencia, que serían admisibles en un proceso de contratación, sino que son cartas de recomendación que violentan las disposiciones del Poder Ejecutivo y la CGR y violentan los principios éticos de integridad, objetividad, imparcialidad, rectitud y liderazgo que deben observar los funcionarios públicos.

¿Quién debe decidir las consecuencias de estas violaciones a la integridad y la imparcialidad?

En este caso, sería la señora Presidenta de la República, ya que es la superior jerárquica y así lo establece la ley.

“Ella, como presidenta, es el órgano que tiene que tomar la decisión final de la valoración de los señalamientos que estamos haciendo y ver si impone o no sanciones por los señalamientos que nosotros estamos haciendo.

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