Archivo

De incapacidades y pensiones

Actualizado el 05 de junio de 2012 a las 12:00 am

La solución al gasto por incapacidades puede consistir en un trato justo al empleado

Archivo

De incapacidades y pensiones

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Los funcionarios judiciales se oponen a que durante las incapacidades se les pague solo el subsidio que reconoce la Caja Costarricense de Seguro Social. Así lo han destacado los medios informativos en días anteriores. El Poder Judicial pretende economizarse por esa vía la suma de ¢2.750 millones anuales. Sin embargo, tiene un duro escollo. El derecho de los empleados judiciales a recibir el pago total del salario durante su incapacidad está garantizado por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece: “El servidor recibirá lo necesario hasta completar su salario a partir del monto que reciba de la Caja Costarricense del Seguro Social”.

Por eso su eliminación solo puede hacerse mediante su derogación, por otra ley, o su nulidad por efecto de una declaratoria de inconstitucionalidad. Aun así, siempre quedaría latente la discusión de si se trata o no de un derecho adquirido, incorporado a los contratos de trabajo. La carga económica que recae sobre el Poder Judicial para hacer frente al pago del 40% de diferencia es alta y tenderá cada día a aumentar, porque a mayor planilla, mayor el número de empleados incapacitados. Como dice el conocido refrán, “vale lo que pesa en oro”.

La premura de poner atención al gasto por concepto de incapacidades es consecuencia, entre otras circunstancias, de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 80 del Código de Trabajo. Esta norma facultaba al patrono a despedir con responsabilidad patronal a su empleado cuando se mantuviera incapacitado por más de tres meses. El Poder Judicial podía reducir el gasto por ese concepto mediante el despido.

La Sala Constitucional anuló ese artículo mediante voto 18356-09. En buena hora. No obstante, al Poder Judicial, y a cualquier otro empleador, se le plantea la incógnita de qué hacer con los trabajadores que con frecuencia son incapacitados por sufrir una enfermedad crónica que les impide continuar trabajando. Para ellos, la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la posibilidad de pensionarse por “invalidez absoluta y permanente”. La pensión se fija en forma proporcional a la cantidad de años que haya laborado. Esta parece una opción válida para que el Poder Judicial baje sus gastos por incapa- cidades. El funcionario se pensiona, cesan sus incapacidades y con ello el pago de 40% de su salario.

PUBLICIDAD

Medidad discriminatoria. Sin embargo, para el empleado judicial, este tipo de pensión implica una desmejora importante en su condición económica, en momentos en los que su padecimiento le obliga a incurrir en gastos importantes para recuperar su salud, casi siempre minada por la actividad laboral que ha venido desempeñando durante muchos años. Por ordenarlo así el artículo 226 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el cálculo del monto de la pensión del trabajador con discapacidad sobreviniente se toma en cuenta solamente el 80% del promedio salarial de los últimos dos años, y no el 100% como se hace para el resto de pensiones. Medida abiertamente discriminatoria porque no existe una explicación razonable para esa desigualdad. En esas circunstancias, al funcionario le puede resultar de mayor utilidad mantenerse incapacitado durante los años que le faltan para cumplir el tiempo requerido para optar por una pensión total, con las implicaciones económicas que resultan para su patrono.

Este panorama podría cambiar, si la Sala Constitucional diera resolución definitiva a la acción de inconstitucionalidad Nº 10-3289-0007, planteada desde el mes de marzo del 2010.

En ella se acusa la inconstitucionalidad de la mencionada norma, la que, según el criterio del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Dr. Luis Paulino Mora Mora, y de la Procuraduría General de la República, se contrapone al derecho a la salud y a la seguridad social.

La solución al gasto por incapacidades, entonces, no radica necesariamente en la promulgación de una ley adversada por sindicatos y trabajadores, que podría no ser capaz de extinguir derechos adquiridos.

Puede consistir también en el trato equitativo, justo y digno que se le conceda al empleado que, afectado por una enfermedad crónica, derivada de muchos años de servicios, de un accidente laboral acaecido en segundos, o de un padecimiento natural, deba acogerse a una pensión por discapacidad permanente y absoluta. Confío en una resolución pronta de parte de nuestro máximo órgano constitucional.

Decía el ilustre autor procesalista Eduardo J. Couture: “En el proceso judicial, el tiempo es más que oro, es justicia”. Creo que cuando se trata del derecho a la vida, a la salud, y a la dignidad del trabajador, el tiempo es más que oro, y más que justicia, es justicia social.

  • Comparta este artículo
Archivo

De incapacidades y pensiones

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota