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Por qué impugnaré el “decreto Liberman”

Actualizado el 22 de junio de 2012 a las 12:00 am

La reforma del mercado de valores no debe realizarse por quienes son jueces y parte

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El 30 de mayo de 2012, siendo presidente en ejercicio el señor Luis Liberman firmó el Decreto Ejecutivo No. 37151-H, por el cual declaró de interés público y nacional el desarrollo del mercado de valores, y creó un Consejo Nacional como órgano consultivo en la materia.

Este Consejo – ordena el Decreto– estará integrado por representantes y expertos del sector privado y del sector público, “quienes deberán tener un alto conocimiento y experiencia en el mercado de valores”.

Gracias al semanario ElFinanciero nos enteramos de que este órgano ha quedado integrado, por el sector público, por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Conassif y la Superintendencia General de Valores y, por el sector privado, al menos por la empresa Florida Ice & Farm (Gobierno impulsa desarrollo de nueva ley de mercado de valores, 31/05/12).

La misión de este exclusivo Consejo es asesorar al segundo vicepresidente, es decir, al señor Liberman, en el diseño, aprobación, implementación, monitoreo y evaluación de un “plan de ruta estratégica” para desarrollar el mercado de valores costarricense.

Por supuesto que la argumentación a favor de la necesidad de este decreto plantea, entre otros, que el país requiere de un mercado de valores más grande y dinámico en beneficio de la economía nacional.

Pero, además, el Decreto pone sobre la mesa que el país cuenta con un creciente ahorro institucional, como los fondos de pensiones y de inversión, y con crecientes reservas de las empresas dedicadas a los seguros, que requieren de “alternativas de diversificación y adecuados canales para invertir en proyectos estratégicos para el crecimiento y competitividad del país”.

La idea del señor Liberman y su Consejo es movilizar esos y otros capitales, públicos y privados, en “apoyo a la financiación de grandes inversiones en sectores clave de la economía y a la necesidad de recursos de largo plazo, tales como infraestructura, energía y vivienda”.

Problema alarmante. El problema viene con el artículo 7 de ese Decreto, que obliga a las personas integrantes del Consejo a “guardar la más absoluta reserva sobre las deliberaciones y resoluciones que ahí se adopten, en especial los que tengan el carácter de confidencial”.

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Aparte de la risa que pueda causar este mandato de confidencialidad incluso sobre lo que ya es confidencial, el asunto es grave. Estamos ante un peligroso caso en que se pone a los gatos a cuidar a los ratones. Los ratones son todos los ahorros y recursos públicos y privados, incluidas las pensiones, sobre cuyo destino quieren decidir cuatro gatos y entre cuatro paredes.

Los gatos son, por supuesto, ese exclusivo club que tiene un “alto conocimiento y experiencia en el mercado de valores”.

Por eso está representada en el Consejo la empresa Florida Ice & Farm que, junto con la compañía Holcim y La Nación S. A., son los tres emisores más grandes de la Bolsa Nacional de Valores S. A.

El propio Liberman, como es de conocimiento público, es un conocido banquero quien, junto con sus exsocios del Banco Interfín, logró una importante acumulación de capital luego de vender ese banco al canadiense Scotiabank por $293,5 millones.

Imaginamos muy bien la frustración por esa característica estructural de la economía costarricense por la cual los bonos de Hacienda son los valores más buscados por los inversionistas de capitales. Recientemente, por ejemplo, La Nación S. A. decidió desinscribir sus acciones en la Bolsa debido a su baja demanda o “bursatilidad”, como se dice en la jerga financiera (LaNación propondrá a socios desinscribir acciones en Bolsa., La Nación, 03/11/12).

Pero sucede que lo que las bolsas realmente transan es, precisamente, información. Información que no debe ser privilegiada para un grupo de “confidenciales”, pues esto les da una ventaja inapropiada en el mercado.

Y las más recientes crisis financieras en Estados Unidos y en la Unión Europea tienen todo que ver con la falta de transparencia en la información y en las reglas de juego del mercado de valores.

Tomemos como ejemplo a la Security and Exchange Commission (Comisión de Seguridad e Intercambio) de Estados Unidos, conocida como la SEC. Hoy se encuentra poniendo en efecto las actas Dodd-Frank para reformar la conducta de Wall Street y la de Defensa del Consumidor, ambas aprobadas después de la crisis que expuso los manejos indebidos de empresas de gran prestigio, que hicieron esfumarse los ahorros de las personas.

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Puesto que el valor que realmente transan las bolsas es información, la reforma del mercado de valores costarricense no puede ser materia exclusiva de un puñado de expertos que son jueces y parte, ni sus discusiones pueden ser confidenciales, en la medida que estas decisiones afectarán recursos públicos y privados de los que unos pocos pueden sacar ventajas indebidas.

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