EscucharRecientemente el Ministro de Hacienda, ante cuestionamientos de los diputados Luis Fishman, Jeannette Ruiz y Gustavo Arias, afirmó en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa (Acta Sesión Ordinaria No 10, 19 de junio 2012, pág. 12), que en el marco de la legislación existente el Gobierno no puede controlar los desperdicios y abusos, tales como millonarias consultorías, en que puedan incurrir las instituciones autónomas y las empresas del Estado. Afirmó que ni siquiera se tiene poder para que entreguen información sobre sus gastos.
Los presupuestos de esa parte del sector público corresponden a casi el 70% del gasto público total. Esto significa que elegimos autoridades cada cuatro años para que, dentro de otras funciones, administren los recursos públicos, pero, de acuerdo con el ministro, ¡solo pueden controlar uno de cada tres colones gastados por el aparato estatal!
Límites a privilegios. En su opinión, desde la Presidencia de la República no se puede interferir para poner límites a los pluses y privilegios de sus empleados, a los sueldos de sus ejecutivos (en algunos casos de más ¢12 millones mensuales) a las dietas de sus directivos (en algunos casos millonarias) o a misteriosas pero caras consultorías.
Si esto fuese cierto, ¿cómo han hecho los presidentes de la República para dar órdenes a las autoridades superiores de esos entes sobre asuntos de fondo, tales como promover la apertura a la competencia de las instituciones que administran, transferir sumas millonarias para que se haga tal parque, tal museo o tal monumento, etc.?
Los presidentes de la República nombran los presidentes ejecutivos de las instituciones y tres directivos más, lo cual les permite tener mayoría absoluta en las juntas directivas. Cómo los presidentes ejecutivos han acaparado todas las tareas gerenciales superiores, quiere decir que desde Zapote se tiene, en el papel, control total sobre la conducción de esos entes, por el mecanismo más efectivo para controlar cual es el acto del nombramiento.
Así que las afirmaciones del ministro Ayales no pueden ser pasadas por alto ni deben congelarnos en la perplejidad. ¿Cómo puede ser que la Presidencia nombre personas y que después no les pueda exigir cuentas y ni siquiera información? Sobre todo porque, de acuerdo con expertos como el Dr. Johnny Meoño, aparte del poder que se deriva del mero nombramiento, “hay leyes precisas así como mecanismos e instrumentos que permiten ordenar y dar un trato unitario e integral al total de estos recursos públicos desde la Presidencia de la República”.
Tres hipótesis. Entonces, ¿qué sucede? Sugerimos tres posibilidades: ignorancia de la legislación y las responsabilidades de Zapote, desidia en el cumplimiento del deber o complicidad en el abuso, la corrupción y el abandono del sector público.
No creemos que se trate de ignorancia. Baste leer a expertos para comprender que el Gobierno tiene no solo potestades de control, sino obligaciones claras con la buena gestión de todo el sector público. El hecho de que los/as presidentes de la República emitan directrices y den órdenes a los entes descentralizados sobre asuntos de fondo y sobre materia presupuestaria cuando les conviene, demuestra que no se trata de ignorancia sobre las posibilidades de control y dirección.
Tampoco creemos que se trate de desidia. A cualquier presidente de la República le gustaría controlar, conducir y exigir cuentas a todo el sector público.
Creo que la causa del abandono, descontrol y ausencia de dirección, es la complicidad en actos que restan autoridad moral y, por lo tanto, fuerza política a algunos presidentes de la República para dar órdenes a su subalternos inmediatos a lo largo y ancho del sector público. Cuando las transgresiones éticas y los abusos han estado presentes en la carrera política de un gobernante, este carece de autoridad para exigir elevados estándares en ese campo.
Cuando, por ejemplo, una candidato, aprovechándose de esa circunstancia, convierte a su partido en cliente de sus negocios personales o de los de sus parientes, cuando no reporta contribuciones de campaña cuestionables, cuando en cargos previos, ya sea como diputado o ministro, incurrió en abusos y despilfarros o cuando nombra a parientes en cargos públicos, no puede capitanear a sus subalternos por la ruta de la austeridad y de la honestidad.
De igual manera, cada vez que un presidente nombra personas para cumplir ofertas de campaña condicionadas a trabajo político, para satisfacer demandas de precandidatos perdedores los cuales a cambio de la unidad partidaria negocian puestos para sus colaboradores, o para pagar con puestos contribuciones financieras; se nutre el contexto de complicidad que impide exigir estándares. Es decir, cada vez que en un nombramiento los conocimientos y la integridad son sustituídos por los compromisos también se sustituye el mando por la complicidad. En esos casos en la motivación misma del nombramiento se perdió toda autoridad moral para exigir integridad.
Es evidente que los argumentos del ministro Ayales sobre la ausencia de potestades legales para controlar a los entes descentralizados no son aplicables al Gobierno central. Sin embargo, en los ministerios también se despilfarra, se abusa y proliferan las consultorías otorgadas siguiendo impulsos fraternales y no criterios de eficiencia y calidad. Esto también demuestra que la explicación del ministro de Hacienda para justificar la falta de controles sobre los entes descentralizados no es de recibo.
En fin, son los silencios cómplices interesados, no las leyes, lo que impide a los gobiernos poner freno a la corrupción y los abusos. Así que, ministro Ayales, no escuche las excusas leguleyas típicas de la política tradicional; guíese por los valores morales que le han permitido ser un profesional intachable y distinguido. Tampoco escuchemos a quienes flaquean y sugieren un Gobierno de facto “para que ponga orden”. Lo que requerimos son gobernantes con una ética superior y con autoridad moral; las verdaderas fuentes de poder en una democracia.
