La Iglesia católica lanzó a sus fieles una advertencia por la promoción de leyes “antinatalistas” y “anticristianas”, así como por políticas de salud y educación “influidas por la ideología de género”.
El llamado lo realizaron los obispos de la Conferencia Episcopal mediante el comunicado de la 104.ª Asamblea Ordinaria, la cual se realizó entre el 6 y el 10 de agosto.
En el apartado “La Costa Rica que nos preocupa”, los religiosos aseguran que grupos de presión, entre ellos civiles, medios de comunicación y políticos, atentan contra las creencias religiosas.
“Contribuyen a difundir una mentalidad antinatalista mal entendida como ‘derecho humano’, como signo de progreso y de conquista de libertad, además de una visión equívoca sobre el matrimonio y la familia”, indica el texto.
“No podemos dejar de alertar ante las propuestas de ley o las políticas de salud o de educación que, influidas por la ideología de género, presentada jurídicamente como ‘nuevos derechos’, atenten contra una sana antropología o irrespeten la dignidad humana”, agrega.
El diputado evangélico y presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, Justo Orozco, dijo compartir “cien por ciento” las preocupaciones de los obispos, y añadió que algunos medios han ayudado a “promover prácticas extrañas (...). Hay mucho de que hablar de qué pasa con la salud y la esperanza de vida por estas prácticas, que quieren meter guías sexuales para que los jóvenes sientan placer, e igual con la homosexualidad, que son cosas que no favorecen la salud”, dijo el diputado del Partido Renovación Costarricense (PRC).
Una posición contraria mantiene la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Muñoz.
“Nadie puede oponerse a que las personas profesen su religión y a que acaten sus mandamientos. Sin embargo, eso no significa que el Estado no reconozca todas las otras formas de relaciones de pareja que crean familia y que existen en la realidad”, expresó Muñoz.
Por su parte, el coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional, Rodolfo Meoño, dijo sentir preocupación por la intolerancia de algunos grupos conservadores con quienes no comparten su moral.
“La Conferencia Episcopal tiene todo el derecho de pedir determinadas conductas a sus feligreses; lo que no deberían es imponer su moral como la estatal”, concluyó.