Organizaciones dirigen carta al Consejo Ambiental y a la Presidencia

Por: Marvin Barquero 17 octubre, 2012
 Las diputadas Carmen Granados y Carmen Muñoz; Erlinda Quesada, regidora de Guácimo; Jorge Polimeni, de la UICN; y Soledad Castro, de Cedarena (de izquierda a derecha), hicieron las denuncias ayer. | GESLING ANRANGO
Las diputadas Carmen Granados y Carmen Muñoz; Erlinda Quesada, regidora de Guácimo; Jorge Polimeni, de la UICN; y Soledad Castro, de Cedarena (de izquierda a derecha), hicieron las denuncias ayer. | GESLING ANRANGO

Grupos nacionales se quejaron de nuevo ayer contra la falta de acción del Gobierno frente a las denuncias del impacto ambiental y social de la expansión del cultivo de piña en Costa Rica.

Pese a ello, la jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, aseguró que al menos en su despacho no han recibido ninguna denuncia. Dijo estar dispuesta a conversar con los grupos cuando quieran.

Esta vez, el comité local de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se unió al Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, al Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Humanos (Cedarena) y la regidora de la Municipalidad de Guácimo, Erlinda Quesada.

Sedimentación y contaminación de ríos, deforestación, erosión, contaminación por agroquímicos de pozos y acueductos, están entre las denuncias.

Apoyo. Los grupos se presentaron ante la prensa en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, con apoyo de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La diputada de ese grupo, Carmen Ganados, dijo que es indignante pasar siete años de denuncias sin que las autoridades gubernamentales hagan cumplir la ley.

La denuncia se centra en una descontrolada y fuerte expansión piñera, que en el país tiene cerca de 50.000 hectáreas sembradas y que en el 2011 generó ingresos por $726 millones en exportaciones.

La ministra Abraham dijo que se realiza un trabajo en la plataforma sobre producción piñera, donde están el MAG, el Ministerio del Ambiente (Minaet) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sin embargo, Soledad Castro, representante de Cedarena y conocida dirigente del frente de afectados, denunció que esa plataforma cayó en manos de los productores y, por eso, los grupos ambientales se retiraron de ella.

Según Abraham, el MAG sacó recientemente un decreto con normas más rigurosas a la hora de hacer las inspecciones en las plantaciones y empacadoras.

Además, las visitas ahora se hacen en conjunto entre el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), para garantizar un mejor control.

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