14/03/2012 En la asamblea legislativa, afuera varias personas protestaron por el paquete fiscal, y dentro los diputados en plenario estn negociando el mismo plan/Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)
El Gobierno dio ayer por sepultado el plan fiscal luego de conocer el fallo completo de la Sala IV sobre la inconstitucionalidad del trámite del proyecto.
Anoche, los ministros de la Presidencia y Comunicación, Carlos Ricardo Benavides y Francisco Chacón, afirmaron que la posibilidad de resucitar el plan, de acuerdo con lo expuesto por la Sala, es “inviable políticamente”.
Ante dicho panorama, Zapote desiste de la reforma de impuestos con la que pretendía llevar a las arcas del Estado el equivalente a un 1,5% del producto interno bruto (PIB) para paliar el déficit fiscal, el cual alcanzó un 4,4% en el 2011.
“Lo que procede es entender que ese plan no tiene viabilidad política”, sentenció Benavides.
En consecuencia, dijo el ministro, el Ejecutivo se concentrará en sacar adelante otros cuatro proyectos de ley ligados al tema fiscal.
Uno es para abaratar el costo de la deuda externa; otro es para recortar gastos como la deuda política; un tercero es para aumentar las sanciones por declarar mal los impuestos, y el último para dar información de contribuyentes a órganos tributarios de otros países.
En tanto, la posibilidad de impulsar una nueva reforma de impuestos dependerá de las conversaciones entre los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, dijo Benavides.
El plan fiscal, aprobado en marzo mediante una vía rápida apoyada por el PLN y el PAC, transformaba el impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado, con lo que se gravarían servicios como los de abogados e ingenieros. Además, subía la tasa del 13% al 14%.
Pero la Sala IV declaró inconstitucional el trámite del proyecto por dos razones. Una es que, en noviembre, el presidente de la comisión especial del plan fiscal, Edgardo Araya, extendió en dos días el plazo para dictaminar la iniciativa sin permiso del plenario legislativo (esos días permitieron discutir 2.000 mociones pendientes).
La otra es que los diputados se negaron a publicar en el diario oficial
El voto de la Sala IV establece que el proyecto debe ser enviado a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para que esta determine el momento al que se deba retrotraer su trámite.
Para Gloria Valerín, directora de Servicios Técnicos de la Asamblea, eso permitiría devolver el texto al paso previo a la ampliación del plazo, y subsanar el error.
Sin embargo, en Zapote no lo ven con tanto optimismo. Chacón sostuvo que, según el fallo, era obligatorio dictaminar dentro del plazo establecido en la vía rápida (un mes) y ese período ya expiró.
Además, alegó que si se quisiera ampliar el plazo para terminar de ver las mociones, se requeriría de 38 votos, y el Gobierno no los tiene.
¿Y si desecharan las mociones al vencerse el plazo? Benavides sostuvo que esa es una opción muy riesgosa. “Si se hace así, los mismos que alegaron que no se podía ampliar el plazo, van a alegar que no se pueden desechar las mociones, que se daña el derecho de enmienda”.
Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, dijo que, en todo caso, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad tendrá un mes para emitir una recomendación.