La presidenta Laura Chinchilla lanzó un guiño reconciliatorio al sector municipal con la promesa de impulsar, en cuestión de semanas, el primer proyecto de traslado de poderes centrales.
Tras varias semanas de desencuentros con dirigentes municipales y hasta con diputados oficialistas, el Gobierno se comprometió con un texto que transfiere, a las municipalidades, la responsabilidad sobre cientos de kilómetros de carreteras secundarias, incluidos los recursos financieros para ello.
Chinchilla aceptó tomar como base un texto que le presentó la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) el sábado 28 de agosto con el aval del ministro de la Descentralización, Juan Marín, y el de Transportes, Francisco Jiménez.
El presidente de la UNGL, Álvaro Jiménez, dijo estar informado de que el caso se trabaja sin la participación de la ministra de Planificación, Laura Alfaro, protagonista de claras diferencias con el sector municipal por sus opiniones sobre el proceso de descentralización.
El Gobierno asegura que ella aún es parte de la comisión que coordina el primer vicepresidente de la República, Alfio Piva, en la cual Juan Marín actúa como interlocutor con los municipales.
“Nosotros queríamos estar en esa comisión; nos pidieron esperar un poco, en parte porque ahí está Juan Marín, que es de los nuestros, aunque al final uno no sabe cuál camiseta se pondrá. Uno entiende que él es parte del Gobierno”, dijo anoche Álvarez, alcalde de Montes de Oro por el PLN, quien intenta reelegirse en los comicios del próximo 5 de diciembre.
Como él, numerosos dirigentes municipales de todo el país están en una intensa actividad política, lo que convierte estos meses en un “momento histórico” para la descentralización, como consideró el diputado Fabio Molina, presidente de la comisión legislativa que recibiría el texto en octubre.
“Estamos muy contentos de la intervención de la Presidenta. Estamos convirtiendo la confrontación en cooperación”, comentó Molina, quien aseguró que otros partidos políticos también esperan pronto el primer proyecto de transferencia de poderes.
El ministro de Descentralización explicó ayer que el proyecto quitaría al MOPT la potestad sobre numerosos tramos de carreteras secundarias, pero también unos ¢45.000 millones, equivalentes al 25% del dinero que genera el impuesto sobre los combustibles.
Así, los gobiernos locales recibirían en total cerca del 45% de los ingresos de ese impuesto, y el MOPT se quedaría con el 55% restante.
También se consideraría transferir parte del programa llamado “Mejoramiento de red vial cantonal”, incluida una parte de su financiamiento.
“La primera transferencia de competencias va a salir del MOPT. Eso se lo puedo asegurar”, agregó Marín, quien celebró también la posibilidad de que los municipios tengan sus propios policías de tránsito, como dice un proyecto de ley.