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EDITORIAL

Un gasto irracional

Actualizado el 24 de julio de 2012 a las 12:00 am

En el transcurso de los dos últimos años, la impresión de entre 800 y 850 ejemplares diarios del Boletín Judicial costó ¢344 millones

La detección del desperdicio es todo un proyecto en espera de ejecución para beneficio de las finanzas públicas y, también, del servicio ofrecido a los ciudadanos

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En el transcurso de los dos últimos años, la impresión de entre 800 y 850 ejemplares diarios del Boletín Judicial costó ¢344 millones. La Imprenta Nacional reclama el pago a la Corte Suprema de Justicia con base en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. La Corte rehúsa cancelar la deuda argumentando la gratuidad del patrocinio legal.

Es un pleito animadísimo. El Poder Judicial da por rotas las conversaciones y la División Jurídica de la Imprenta inició gestiones para hacer un cobro administrativo y, si es necesario, judicial. Los tribunales se verán en los tribunales, pero no importa cuál de las dos entidades se vea obligada a aceptar el golpe a su presupuesto, de antemano sabemos quién pagará: el contribuyente, es decir, los ciudadanos todos, y ya eso no es tan divertido.

Entrado el siglo XXI, con tres décadas de vertiginosos avances en la informática, Costa Rica se mantiene fiel a la idea de difundir información de interés legal por medios impresos de circulación ridículamente limitada. Ochocientos cincuenta ejemplares en un país de 4,5 millones de habitantes es un número imperceptible. La cifra se queda corta aun en comparación con los 21.853 profesionales incorporados al Colegio de Abogados.

Quienes por alguna circunstancia necesitan revisar el Boletín Judicial, probablemente estén comprendidos en el creciente porcentaje de la población con acceso a Internet. Si alguno no tiene la posibilidad de consultar en línea por falta de conexión propia, le será más fácil resolver ese problema que conseguir uno de los escasísimos ejemplares del boletín impreso.

El gasto es irracional, podría decirse irresponsable. Rotas la relaciones con la Imprenta Nacional, Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, anunció la decisión de publicar el boletín en formato electrónico. ¿Por qué no lo hicieron hace dos años, antes de acumular el gasto de ¢344 millones? ¿Por qué no en fecha todavía más temprana, para evitar años de erogaciones innecesarias?

Lo dicho para el Boletín Judicial vale también para el diario oficial La Gaceta. El costo de conservar estas ficciones no es solo económico. Hace año y medio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes negociaba con la Imprenta Nacional el pago en abonos de los ¢120 millones necesarios para imprimir el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. El Congreso había aprobado la normativa dos años antes, pero la falta de presupuesto para imprimir el texto en La Gaceta impedía ponerla en vigencia, pese a su importancia para el comercio y la seguridad internacionales.

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Quizá en ese caso el menor de los costos fue el económico. El ridículo en los foros internacionales duele todavía más. El ejemplo es notable por el costo y atraso, pero la falta de espacio en La Gaceta y la interrupción del servicio por huelgas y otras circunstancias, retrasan casi a diario la oportuna vigencia de importantes disposiciones gubernamentales. En pleno siglo XXI, el país no debe seguir apegado a los medios tecnológicos de 1949, cuando, amén de los medios impresos, solo era posible recurrir a la radio. La migración a la tecnología digital se impone por sentido común, eficiencia y ahorro.

Los ¢344 millones de ahorro no cerrarán la brecha fiscal ni resolverán el problema de infraestructura, pero son emblemáticos de una importante categoría de disfuncionalidades en el Estado costarricense. No todo el gasto público está mal hecho, pero la suma de erogaciones irreflexivas es importante. Hace años, un análisis de los programas sociales produjo datos sorprendentes sobre el costo de proporcionar ayuda a los más necesitados. La detección del desperdicio y la irracionalidad es todo un proyecto en espera de ejecución para beneficio de las finanzas públicas y, también, del servicio ofrecido a los ciudadanos.

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