De acuerdo con la estructura político-administrativa de cada Estado, en la actualidad existen, en sociedades como las nuestras, dos modelos principales de organización policial: una policía centralizada y una policía descentralizada.
La primera se caracteriza por ser un servicio bien definido con respecto a otros organismos gubernamentales y con amplia jurisdicción sobre el conjunto del territorio nacional. Tales son los casos de Francia e Italia, en Europa, y de la mayoría de los países latinoamericanos.
La segunda se distingue por tener un ámbito territorial y jurisdiccional restringido, múltiples servicios y criterios no necesariamente coincidentes en lo que atañe a su organización interna, a las normas de selección y formación del personal y a sus funciones. Pertenecen a esta categoría Canadá y Estados Unidos y, en América Latina, los países organizados con una estructura política federal (Argentina, Brasil, México).
Las ventajas del enfoque centralizador son la posibilidad de aplicar políticas policiales uniformes en todo el país, simplificar la organización y funcionamiento del servicio, facilitar su gestión y control y asegurar una mayor eficiencia en la lucha contra determinadas formas delictivas de alcance nacional y transnacional.
La principal crítica consiste en que, con la centralización de los servicios policiales, se corre el riesgo de crear un “Estado policial”, sobre todo cuando la Policía depende de las Fuerzas Armadas o de ministerios de Defensa, o bien posee una estructura fuertemente militarizada.
La perspectiva descentralizadora presenta, entre otras, las ventajas de tener un mejor conocimiento de las necesidades reales de la comunidad donde la Policía ha de actuar, lo que le permite ofrecer respuestas adecuada a los problemas, y obtener la colaboración y el respeto de la colectividad.
Entre sus desventajas, pueden mencionarse la multiplicidad de cuerpos policiales independientes entre sí en un mismo territorio, la falta de coordinación entre ellos, la posible existencia de criterios diferentes en cuanto a la selección y formación de su personal y, sobre todo en América Latina, la posible subordinación de la Policía al caudillismo local.
El papel de las policías municipales difiere –a veces considerablemente– entre las tipologías de organización antes indicadas. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, todas las funciones tradicionales de la Policía han sido confiadas desde siempre a los municipios.
En cambio, en España, el Cuerpo Nacional de Policía comparte algunas de sus funciones –aunque en forma limitada– con las policías municipales existentes en numerosas ciudades, con la excepción de dos de las comunidades autónomas más significativas del país, Cataluña y el País Vasco, cuyos cuerpos policiales (los Mossos d’Squadra y la Ertzaintza) han pasado a ser organismos completamente autónomos, asumiendo en estos territorios todas las funciones de la Policía Nacional.
A lo anterior conviene añadir que, desde mediados de la década de los setenta, los servicios policiales pertenecientes a los dos grandes modelos antes descritos, están ejerciendo sus funciones en el marco de la modalidad de “policía de proximidad”, aplicada con gran éxito en numerosos países.
Perspectivas en Costa Rica. Teniendo en cuenta lo anterior, la discusión sobre el papel de las policiales municipales, sus características y sus atribuciones deberían centrarse, al menos, en los siguientes aspectos:
1. El excesivo número de servicios policiales en un país que, pese a su reducido territorio y población, posee once cuerpos policiales, dependientes de cinco ministerios diferentes, del Poder Judicial y de los municipios.
Tal situación, justificada en su momento por el temor de la constitución de un “Estado policial” cuando solo existe un único cuerpo de policía o por haberse dado tradicionalmente en este sector la práctica del “botín político” entre los partidos, no parece justificarse en la actualidad.
La simplificación de los servicios policiales, sobre todo en países con tales características, favorece una estructura organizativa más clara, facilita la elaboración y aplicación de políticas coherentes y unificadas en el sector, evita duplicidades, antagonismos y rivalidades entre los cuerpos existentes, y permite una mayor eficiencia, en particular con respecto a los nuevos problemas sociales y las formas más recientes y preocupantes de delincuencia (narcotráfico, crimen organizado, etc.).
2. Ya que no parece realista poner en tela de juicio las funciones actualmente encomendadas a los servicios policiales del país, la política más prometedora con respecto a las policías municipales podría consistir en: a) el establecimiento de criterios sobre los municipios que podrían justificar su existencia (en especial, el volumen de su población); b) la determinación de las modalidades de su colaboración con respecto a ciertas funciones asignadas a los servicios regulares de policía, pero en un campo de acción geográfica y operativamente limitado (por ejemplo, el control de los puntos de venta de drogas o de receptación de bienes robados, o la posesión ilegal de armas de fuego); y c) su participación activa en programas de prevención comunitaria, centrados en acciones como la recuperación de espacios públicos y la promoción de actividades recreativas, deportivas y culturales, sobre todo para jóvenes.
José María Rico Profesor titular (jubilado) de criminología, Universidad de Montreal