EscucharEn el último Estado de la educación costarricense, publicado en el 2011 por el programa Estado de la Nación y por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), se señala que “es probable que se esté alargando el tiempo promedio que tardan los estudiantes [de las universidades públicas] en graduarse”.
Mi reciente experiencia como profesor consejero en la Universidad de Costa Rica (UCR) me ha permitido observar, al revisar la matrícula de los estudiantes, tres situaciones que podrían tener una influencia importante en que ese tiempo promedio se prolongue.
Postergaciones. La primera consiste en que hay en la UCR una serie de cursos que los estudiantes pueden matricular libremente, aunque no formen parte de sus planes de estudio. Ahora bien, los estudiantes parece que han adquirido el derecho de priorizar la matrícula de esos cursos, que no necesitan para graduarse, y de postergar la inscripción de las asignaturas que sí forman parte de su plan de estudios y sin las cuales no pueden titularse.
De hecho, pareciera incluso que estudiantes que ya han iniciado el proceso de elaboración de sus tesis, tienen el derecho de matricular cursos que no necesitan, y de dedicar a esos cursos un tiempo que deberían concentrar en la terminación de sus tesis.
La segunda situación se refiere a algo todavía más grave. Antes, cuando un estudiante terminaba su bachillerato e ingresaba a un programa de maestría, únicamente se mantenía empadronado en la maestría, como debe ser, y el director de esa maestría era el único que, en su condición de profesor consejero, podía autorizar la matrícula de los cursos que el estudiante solicitaba.
Ahora, el estudiante que pasa de bachillerato a maestría se mantiene empadronado tanto en bachillerato como en maestría, por lo que puede tener dos profesores consejeros independientes, uno de bachillerato y otro de maestría, y puede realizar matrículas separadas en cada uno de estos niveles de enseñanza, sin que los profesores consejeros necesariamente se den cuenta de lo que el estudiante matricula en cada nivel.
Así, en vez de concentrarse en la conclusión de su plan de estudios de maestría y en la realización de la tesis correspondiente, hay estudiantes de maestría que matriculan cursos elementales de bachillerato que no necesitan, con lo que, a la vez que restan cupos a estudiantes de bachillerato que sí podrían necesitar esos cursos, prolongan innecesariamente la duración de sus carreras de posgrado.
De vuelta al bachillerato. Se presenta también una tercera situación, caracterizada porque personas que ya tienen una licenciatura en una carrera específica (es decir, que ya son profesionales) se vuelven a empadronar en esa misma carrera ¡para llevar otra vez cursos de bachillerato de la carrera en la que ya se licenciaron! Al proceder así, restan cupos a los estudiantes que apenas cursan el bachillerato, con lo que pueden contribuir a prolongar la duración de los estudios de estos últimos.
Con respecto a las situaciones referidas, los profesores consejeros pueden proceder de las siguientes maneras: no autorizar a los estudiantes la matrícula de asignaturas innecesarias, no aceptar la matrícula de cursos de bachillerato que solicitan los estudiantes de maestría, y rechazar la matrícula de los licenciados que se proponen matricular nuevamente cursos de bachillerato de la carrera de la que ya se graduaron.
No obstante, si los profesores proceden así, los estudiantes pueden solicitar, ante las direcciones de las escuelas o ante los decanatos de las facultades, que se les asigne un nuevo profesor consejero, con la expectativa de que este sí les autorice la matrícula de los cursos que no necesitan. Y si los directores o decanos rechazan esa solicitud, los estudiantes pueden apelar a otras instancias de la UCR, las cuales podrían darles la razón y, de paso, amonestar a directores y decanos por no haber resuelto a favor de los estudiantes en primera instancia.
Ficción. Aparte de evidenciar un uso poco eficiente de los fondos públicos, las situaciones aquí analizadas perpetúan condiciones de injusticia, ya que la prolongación innecesaria de las carreras contribuye a que la UCR limite las opciones disponibles para quienes cursan por primera vez un Bachillerato y para quienes aspiran a ingresar a tal institución.
También las situaciones referidas convierten la importante labor de consejería académica en prácticamente una ficción ya que un estudiante que esté en desacuerdo con su profesor consejero puede lograr su sustitución sin demasiada dificultad.
Sería conveniente que, a la mayor brevedad posible, las autoridades universitarias determinen los alcances de las situaciones aquí planteadas y que, antes del próximo período de matrícula (julio del presente año), corrijan las disposiciones reglamentarias que las posibilitan.
