EscucharEl fiscal general, Jorge Chavarría, se refiere a lo complejo y lento que le resulta al Ministerio Público el investigar a funcionarios de alto nivel.
Chavarría dijo a La Nación que, pese a las trabas, la función de la Fiscalía se enfoca en seguir adelante con las indagaciones que ya suman 18 en lo que va de este Gobierno, contra funcionarios de alto nivel desde la presidenta de la República hasta diputados.
En lo que va de esta administración, 18 funcionarios de alto nivel (presidenta, vicepresidente, ministros y diputados) tienen investigaciones abiertas, ya sea en la Fiscalía General o en la de probidad. ¿A qué se debe?
Probablemente se debe a una mayor participación ciudadana, pero no debe dejarse de lado la reciente actividad de control que ha ejercido el Tribunal Supremo de Elecciones para detectar delitos electorales. En materia de Hacienda Pública, la Contraloría General de la República también formula denuncias, al igual que la Procuraduría de la Ética en materia de corrupción.
El que un funcionario sea de tan alto nivel, ¿complica la gestión de la Fiscalía para recabar prueba y acusar?
Efectivamente, dado que el juzgamiento de miembros de los supremos poderes tiene regulaciones particulares en el Código Procesal Penal, y que participa la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia como órgano jurisdiccional de la etapa preparatoria, el avance de los casos se torna más lento. Se debe tomar en cuenta que la Sala tramita este tipo de actuaciones como recargo.
¿Funcionan los mecanismos de denuncia que da la ley?
Los mecanismos que establece la ley sí funcionan, pero también hacen falta nuevas herramientas. El procedimiento actual para investigar miembros de los supremos poderes no responde a las complejidades del entorno social vigente. Debería de ser revisado, de tal manera que permita mayor efectividad y celeridad, sin detrimento de los derechos del imputado.
Cuando la Fiscalía investiga, ¿es porque hay sospecha fundamentada?
Normalmente, el proceso se inicia por una denuncia que, al menos provisionalmente, narra hechos constitutivos de un delito, y la investigación se realiza con el fin de establecer su veracidad. Si el resultado es positivo, hasta ese momento estamos en condición de hablar de una sospecha fundada.
Usted pidió más recursos a la Corte; sin embargo, eso parece que va despacio. ¿Afecta su gestión?
La falta de recursos, la independencia parcial; es decir, funcional y no administrativa, así como la particularidad de un órgano que no está reconocido en la Constitución, sin duda no configuran una institución lo suficientemente apta para enfrentar las complejidades de la criminalidad, la corrupción y los delitos violentos. Sin embargo, es justo reconocer el esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia al apoyar la constitucionalización.
