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Lo que faltó en el debate

Actualizado el 31 de mayo de 2012 a las 12:00 am

Bajo el imperio de la ley no deben existir ciudadanos de primera y de segunda categorías

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La publicación de varias cartas del Papa, consideradas confidenciales, en un libro que, según informó LaNación, se acaba de publicar en Italia, muestra, una vez más, que lo que busca la Iglesia católica no es aclarar si algo es cierto o no, si es importante o no, sino simplemente evitar, a toda costa, el escándalo que, a pesar de todos los esfuerzos de sus altos funcionarios, a menudo se produce.

Esto incluye no solo el escándalo financiero, como el del Banco Ambrosiano, de triste memoria, que produjo hasta un asesinato, sino también los abusos sexuales a miles de niños que en varios países, sobre todo en Irlanda y en los Estados Unidos, le han costado a esta iglesia mucho millones de dólares en su afán de ocultar, de maquillar con dinero, los abusos.

Después de que publiqué un artículo con el título “La Iglesia católica y los impuestos”, el Canal 13 me invitó a un debate sobre este tema, al que asistí junto con el sacerdote Mauricio Granados, canciller de la Conferencia Episcopal; el Lic. José Rafael Fernández, asesor jurídico de esta conferencia; el Lic. Leiner Vargas, de la Universidad Nacional, y el periodista Allan Trigueros, subdirector del Sinart.

Aunque el tema era polémico, no sucedió lo que pasa a menudo en estos debates, en las cuales las opiniones son muy diversas y, a veces muy opuestas, lo cual hace que los panelistas no dejen hablar a sus opositores, sino que en este caso, por el contrario, hubo respeto y solo una vez el sacerdote Granados me interrumpió para decirme que mi aseveración de que solo la Iglesia católica recibe esos beneficios no era cierta y que todas las denominaciones religiosas recibían los mismos beneficios.

Además, aseguró que ningún miembro de la Iglesia Episcopal había cometido la menor incorrección, e insinuó que las inversiones hechas en la fabricación de licores no era decisión de ellos, sino de SAMA, lo cual, obviamente, no es cierto, ya que en ningún puesto de bolsa hace inversiones en las cuales no esté de acuerdo el inversionista.

Para tratar de descubrir la verdad de los hechos, recurrí a Ernesto Rivera, el periodista de LaNación, quien tuvo a su cargo la investigación de la posible existencia de una intermediación financiera ilegal de la Conferencia Episcopal y luego publicó varios artículos en los cuales, mostró, con lujo de detalles, los resultados de su valioso trabajo. “Cuando comencé la investigación sobre las operaciones financieras de la Iglesia –me dijo– , descubrí que desde la estructura bancaria de la Conferencia Episcopal se prestaba dinero y se recibían depósitos a cambio del pago de un interés, sin estar inscritos ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

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Luego de las publicaciones, la Sugef los confirmó por sus propios medios y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía”.

Llevé a cabo, también, una consulta con varias iglesias no católicas y todas me confirmaron que no tenían los mismos privilegios que goza esta.

El Lic. Luis Diego Blanco S. CPA, contador general de la Iglesia metodista CR, tuvo la amabilidad de enviarme una respuesta por escrito, en la cual me indica que, por no tener ánimo de lucro, no obtienen ganancias y, por lo tanto, no pagan impuesto de la renta, pero sí pagan todos los otros impuestos, excepto los que corresponden “al área del templo como tal y por las demás aéreas, sí se pagan impuestos de bienes inmuebles, por ejemplo: cocina, baños, salones de educación cristiana y oficina pastoral.” Por lo tanto, la interrupción del distinguido sacerdote no se debió haber producido y no tenía razón al asegurar que todas las denominaciones religiosas obtienen los mismos privilegios que la católica, cuando, en realidad, es exactamente lo contrario.

Bajo el imperio de la ley, todos los costarricenses somos iguales y no deben existir ciudadanos de primera y de segunda categorías. No me parece correcto que, contrario a lo que sucede siempre, una denuncia formal de la Sugef ante la Fiscalía duerma el sueño de los justos (más bien de los injustos), durante 5 o 6 años, sin que se tome una decisión al respecto. No sé si se está esperando a que el caso prescriba o que, como lo dijo en una ocasión el obispo Ulloa, vaya él al cielo a preguntarle al contador de los Servicios Pastorales, a quien, injustamente, le echó toda la culpa, a preguntarle por qué lo hizo.

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