Tiene una visión muy simple. No estamos en contra de que la competencia venga a prestar el servicio; el INS lo que pretende es que se preste en igualdad de condiciones.
“Particularmente, con las pólizas de Riesgo del Trabajo hay, lamentablemente, una evasión importante de parte de patronos que no cumplen con su obligación de asegurar a los trabajadores, como lo ordena la ley.
“En la Caja Costarricense del Seguro Social aparecen consignados, por los patronos, trabajadores en un número de 1.421.000, en tanto que en Riesgos del Trabajo solo 1.026.000 –en números redondos–; es decir, hay cerca de 400.000 trabajadores que por una u otra razón los patronos no aseguran”.
La ley actualmente establece, como obligación del INS, atender a todos los trabajadores, asegurados y no asegurados, y obviamente el costo de la atención médica de los que no están asegurados recae sobre el Instituto.
“El reglamento actual no deja bien señalado la obligación que, para nosotros, deberían tener las empresas (aseguradoras), de participar de forma alícuota en la atención de pacientes no asegurados.
“Supongamos que viene una empresa muy agresiva y se hace con el 10% del mercado. Lo que nosotros pedimos es que esa empresa atienda un equivalente; es decir, que se haga responsable de unos 40.000 trabajadores, mientras que el INS seguiría atendiendo el otro 90%. Esto, por un simple principio de equidad en la operación comercial”.
Se ha establecido un reglamento, pero que no define esto con la claridad que tiene que quedar, en los términos que estamos señalando.
“Y eso es lo que objeta el Instituto: que las prestaciones que se quieran dar por empresas que vengan al país, a competir en riesgos del trabajo, sean de conformidad con los principios constitucionales establecidos, y con las normas del Código de Trabajo, y además, con base en que este tipo de seguros son solidarios y pertenecen a las conquistas de la seguridad social de los costarricenses. Queremos que con la apertura se sigan manteniendo esos parámetros”.
El INS tiene sus propias instalaciones de salud, cuya sede central está en La Uruca y es considerablemente grande, y además tiene una serie de zonas de atención alrededor del país.
No hay ningún problema. Nosotros podemos seguir brindando el servicio y les cobraríamos el costo, pero ellos también pueden recurrir a clínicas privadas, que den el servicio en las mismas condiciones.
El INS se hace cargo de eso. Teóricamente, la ley dice que el Instituto puede ir contra el patrono, pero muchos de ellos son de la economía informal, que no hay manera de pescarlos.
En nuestra opinión, es necesario que esto se regule por ley, porque hay principios constitucionales que contemplan los seguros solidarios y este tipo de cuestión asumida por el Estado. Por tanto, para que quede debidamente regulado, nosotros enviamos un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, con observaciones de muy diversas instancias.