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Para evitar la quiebra del Estado

Actualizado el 29 de junio de 2012 a las 12:00 am

Un Estadoineficiente y caro conlleva el germen de su autodestrucción

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Para evitar la quiebra del Estado - 1
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Para evitar la quiebra del Estado - 1

En el presupuesto del Gobierno central aprobado para el 2012, el 58% se financia con impuestos y el 42%, con dinero prestado. El presupuesto del Gobierno central incluye ministerios, poder judicial, Asamblea Legislativa, TSE, universidades, Contraloría, etc. Y excluye las instituciones autónomas que se financian con la venta de servicios y cuotas. Tenemos una serie de indicadores que nos dicen que la forma en que se distribuye el gasto público y sus disparadores automáticos no son sostenibles, crecen más rápido que la inflación y la producción nacional y además han perdido efectividad en la sociedad.

Un Estado ineficiente y caro conlleva el germen de su autodestrucción. Muchos nos resistimos a la idea de que desaparezca este Estado social de derecho que nos permitió una importante movilidad social y paz en democracia.

Impuestos y redistribución de la riqueza. Recordemos que los impuestos son instrumentos para redistribuir la riqueza de los que más tienen a los que menos tienen, pero parece que no logran su objetivo porque:

El 94% del presupuesto del Gobierno central aprobado para el 2012 se destina al pago de salarios, pensiones e intereses de la deuda y amortizaciones y el 6% restante para inversión pública. De este presupuesto solo se paga el 52% con impuestos y el 48% pidiendo prestado, en tendencia creciente. Los últimos Gobiernos han estado empeñados, no en resolver la estructura del gasto público, sino en tratar de que toda obra que pueda ser rentable pase a concesión privada.

Si la carga tributaria de Costa Rica es del 14% y solamente cubre el 52% de los gastos y el resto debe ser financiado con préstamos, eso quiere decir que ya estamos gastando más del 26% del PIB solamente para cubrir el Gobierno central.

Si continuamos este proceso de pagar el gasto del Gobierno con deuda, esta deuda podría alcanzar el 50% del PIB en el 2016, acercándonos cada día más a una “quiebra técnica”.

El 51% del presupuesto de las municipalidades se destinó a los salarios de sus 13.000 empleados. Los salarios crecieron en un 100% del 2009 a la fecha, es decir cuatro veces más que la inflación, mientras tanto los ingresos crecieron en ese lapso en solo 38%.

Entre el 2006 y el 2012 el presupuesto ordinario aprobado creció un 60% excluida la amortización de la deuda y la inflación y en ese periodo la producción real aumento un 25%. El presupuesto subió más del doble de la producción y el gasto en inversión pública se redujo.

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El costo de los servicios públicos no se limita al gasto diario, se deben incluir los gastos futuros como pensiones. Así, por ejemplo, en el caso del costo de la educación, se debe incluir como gasto el pago de pensiones por medio del Ministerio de Hacienda, el cual se cubre en un 90% con impuestos, este gasto, representa para el caso de la educación un incremento en el costo de cerca del 1,5% del PIB.

Las pensiones de Hacienda, financiadas un 90% con impuestos, según la CGR, son 12 veces más altas que las del régimen no contributivo de la CCSS.

A modo de ejemplo en el 2010 el poder judicial cambio el tope de sus pensiones, eso provocó que como informó La Nación del 12/01/12, un magistrado se pensionó con 55 años y ¢6.1 millones de pensión. Esto significa que con una expectativa de vida de 80 años esta persona recibirá ¢1.830 millones de pensión más ¢152 millones de aguinaldo pues su pensión es por el 100% del salario; mientras tanto un peón agrícola se gana en toda una vida de trabajo, de los 20 a los 65 años (45 años de trabajo) ¢156 millones y luego tendrá derecho a una pensión aproximadamente de ¢140.000, que disfrutará por 15 años, en los cuales recibirá ¢27 millones. Esta situación es legal y entra dentro de lo que el señor exministro de Hacienda Herrero llamaba “gastos intocables del presupuesto porque son derechos adquiridos”.

En el sector público se presentan abusos evidentes en pensiones, incapacidades (son vox pópuli), vacaciones (de hasta 3 veces más que el sector privado), cesantías de más del doble de lo que recibe el 85% de los costarricenses. Todo es legal pero insostenible y desproporcionado con el resto de los trabajadores.

No tener gastos militares y gastar en educación, salud, seguridad pública, etc., es bueno en sí mismo, pero no legitima el gasto descontrolado y beneficios laborales no coherentes con el resto de la economía.

Proteger nuestro patrimonio. El creciente endeudamiento para financiar el presupuesto ha llevado a algunos economistas a plantear la idea de vender las instituciones públicas rentables como bancos, ICE, INS, etc., para pagar el déficit del Gobierno. Esta tesis no la compartimos muchos porque nos quedaríamos sin este patrimonio y sin estos instrumentos del Estado social de derecho y porque tampoco será la solución si no se eliminan los disparadores automáticos del gasto y se reestructura el gasto público.

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Debemos cobrar impuestos y especialmente a quienes hoy no pagan o pagan muy poco, pero requerimos más y mejor infraestructura y servicios de calidad por los impuestos que pagamos.

Los costarricenses somos los dueños accionistas del Estado y de las instituciones autónomas, debemos exigir el correcto uso de los recursos, de acuerdo a los intereses del país. Si observamos la estructura de gastos del Gobierno central parece que, tal vez sin quererlo, nuestros funcionarios públicos actúan como si fueran los accionistas y dueños de nuestros ministerios e instituciones centralizadas; pues el cobro de impuestos alcanza básicamente para pagar salarios y pensiones, no quedando para repartir beneficios a los costarricenses.

Esta situación, más el hecho de que algunos servicios públicos hoy están regidos por la competencia, hace imprescindible la convocatoria por el Gobierno de trabajadores públicos y privados, empresarios, profesionales, partidos políticos, agricultores y representantes de la sociedad civil, a un proceso de diálogo, negociación y acuerdos que generen un pacto social imprescindible para sacar a Costa Rica de la situación en que se encuentra y evitar la quiebra técnica del Gobierno central.

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