EscucharDe acuerdo con la Sala Constitucional, y también con la Procuraduría General de la República, la evaluación de impacto ambiental (EIA) es el principal instrumento que tienen el Estado y la sociedad para tutelar el mandato constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50). Pese a ello, para algunos, ambiente y desarrollo no riman y malinterpretan el concepto competitividad, considerando que el tema ambiental representa un obstáculo al desarrollo económico, por lo que, según ellos, debería eliminarse como parte de los trámites a cumplir.
En razón de esto, se requiere hacer algunas aclaraciones importantes para que el país no siga por este camino que tanto daño nos ha hecho en los últimos años.
Doble función. A diferencia de los países desarrollados, en nuestro país y otros muchos países en vías de desarrollo, la EIA cumple una doble función. Por un lado, analiza las condiciones técnicas y ambientales de un proyecto, para determinar bajo qué condiciones es viable ambientalmente. Por otro, debe suplir, al menos puntualmente, la ausencia de ordenamiento territorial, para valorar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y determinar, si el mismo es apto o no para la ejecución del mismo. No es igual una planta asfáltica en Santo Domingo de Heredia que la misma ubicada en una zona industrial alejada de urbanizaciones.
Esta situación explica el hecho de que se presenten diferencias tan notables entre ambos grupos de países. Así, como ejemplo, mientras en Holanda se realizan varios cientos de EIA por año, en Costa Rica se hacen varios miles de EIA, muchos de ellos tramitados “a la carrera”, sin una detallada evaluación técnica por parte de la Setena.
Desafortunadamente, esta situación no podrá cambiarse de forma eficiente hasta que nuestro país disponga de entidades técnicas independientes de la órbita política y hasta que contemos con un efectivo ordenamiento territorial y una mejor normativa técnica ambiental que regule el desarrollo de las actividades humanas.
Objetivo. El objetivo fundamental de la EIA es considerar el medio ambiente en la planificación, diseño y ejecución de las actividades humanas, de forma tal que los proyectos que se ejecuten se realicen de la forma ambientalmente más equilibrada.
Para algunos, que ignoran este objetivo, la EIA se considera simplemente como un trámite, un requisito más que implica un papeleo y una “pérdida de tiempo” para desarrollar el proyecto. A estos señores les recomendamos ir a Sardinal a ver qué pasaría si se aprueban (como se han ido aprobando) una gran cantidad de proyectos que necesitan grandes volúmenes de agua en una región que tiene limitaciones de fuentes de agua. O que nos digan quiénes van a compensar el costo de cada camión cisterna que abastece diariamente a más de 6.000 personas en el Cairo y Milano de Siquirres desde julio del 2007, cuando la contaminación de sus acuíferos por parte de empresas piñeras se evidenció.
Setena. La mayoría conoce que en nuestro país la entidad que administra la EIA es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), creada por el Ley Orgánica del Ambiente en el 1995. En razón de ello, también para muchos la EIA y la Setena son prácticamente lo mismo, con lo cual los defectos y virtudes de uno se atribuyen al otro, algo que a todas luces es un grave error de apreciación, pero que para algunos es común.
La Setena, como otras oficinas gubernamentales, ha enfrentado una evolución y crecimiento; no obstante, enfrenta limitaciones que le generan significativos problemas de gestión. El principal de estos problemas, que no es nuevo y que existe desde antes de su creación, es la sobrecarga de trabajo.
Un reciente análisis hecho por el autor muestra que el personal técnico de que dispone la Setena apenas alcanza para responder la mitad de la carga de trabajo que tiene. Esta brecha de carga es la causante de una gran cantidad de defectos señalados, como los tiempos de respuesta, los errores que se cometen por el intento de realizar trámites rápidos y, en particular, por su mayor problema, la imposibilidad de realizar un proceso de control y seguimiento ambiental a los varios miles de proyectos aprobados durante las últimas dos décadas.
Ante esta situación, no es extraño que en el año 2010 la Contraloría General de la República “regañara” a la Setena, exigiéndole realizar mejoras sustanciales en los instrumentos y procedimientos de EIA, a fin de que ésta sea más rigurosa y detallada. Algo que parece todo un reto, si no se mejora la capacidad real de respuesta que tiene esta institución.
Competitividad. En medio de este panorama surge el tema de “competitividad” y la necesidad de mejorar los plazos de trámite de EIA, a fin de acortar el tiempo acumulativo total que requiere una actividad productiva para poder concretarse. Y, aunque el objetivo que se pretende podría calificarse como positivo, la forma en que se quiere concretar debe ser analizada con sumo cuidado.
La solución para el problema de gestión en EIA no puede partir de la base de eximir a una serie de actividades de realizar el trámite, a fin de disminuir la carga de trabajo de la Setena, y darle más capacidad de respuesta. Hacer esto, sin mayor criterio técnico, lejos de resolver los problemas, los agravaría de forma muy seria.
La solución real para el tema de EIA es aumentar la eficiencia de la Setena y no debilitarla. Para ello, es muy importante que los instrumentos y procedimientos de EIA se modernicen sobre la base de la realidad del país, de la ausencia o limitada planificación y ordenamiento territorial y de las condiciones de vulnerabilidad a las amenazas naturales que tiene nuestro territorio.
En este ámbito, es clave fortalecer la Setena con más recursos, dándole mayor autonomía técnica, para que sus decisiones se basen en criterios técnicos, con la menor interferencia política.
Finalmente, es clave que las mejoras en los instrumentos y procedimientos de EIA y de la misma Setena surjan como producto de una discusión y análisis técnico y social amplio, informado y transparente, y no necesariamente de una visión política y económica unilateral que ha demostrado en los últimos años ser un camino incorrecto.
El capítulo ambiental del Estado de la Nación lo evidencia año tras año, en particular el último, cuya lectura se recomienda a todos los que siguen creyendo que hacer el país competitivo es eliminar trámites claves que garantizan la sostenibilidad del país a mediano y largo plazo.
Allan Astorga G. Geólogo, especialista en Evaluación Ambiental, exsecretario general de la Setena
