La Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por la Asamblea Legislativa. El constituyente se planteó la posibilidad de que estos nombramientos fueran vitalicios, no obstante, al final optó por un procedimiento intermedio: se considerarán reelectos, salvo que una mayoría calificada de diputados acuerde lo contrario.
En otras palabras la reelección es la regla y la no reelección es la excepción. Tan cierta ha sido esta norma que desde su vigencia todos los magistrados que así lo han deseado han sido reelegidos.
Ahora bien, la posibilidad de no reelegir, que indiscutiblemente tiene la Asamblea Legislativa, es un instrumento de control en caso de conductas cuestionables, violación a principios éticos o situaciones afines. En esos casos, y solo por votación calificada, el Primer Poder de la República puede no votar la reelección de un magistrado.
Este principio constitucional presume normas no escritas entre las que podemos citar, su no utilización como un mecanismo de control de la independencia del juez, ni como amenaza para obtener resoluciones complacientes para con quienes temporalmente se desempeñan como diputados. Por supuesto, también implica que deben existir razones sobradas y de altísima gravedad para justificar la no reelección.
En el caso del Dr. Fernando Cruz no se conocen públicamente hechos que cuestionen su labor, y, por el contrario, lo que se sabe reafirma una carrera limpia, profesionalmente sólida y un número de votos salvados que se pueden compartir o no, pero de su valor jurídico nada se puede cuestionar.
Por otra parte, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea, órgano llamado a hacer una concienzuda investigación previa, recomendó la reelección de manera unánime. Lo único que se conoce como razón para lo actuado por la mayoría de diputados es lo dicho por el diputado Molina: “Esto es reivindicar a la Asamblea Legislativa como Primer Poder”.
Si esa fue la razón, se ha cometido un gravísimo error en la Asamblea. El retomar autoridad en ese poder pasa por cosas mucho más importantes como promulgar buenas leyes, oportunas, trabajo eficiente, entre otros, y no lo actuado, que más parece un desplante de poder que una sesuda decisión.
Es triste que, ante el reclamo de los costarricenses por la falta de acuerdos políticos, la respuesta que se da sea alcanzar este tipo de acuerdos, para concretar actuaciones como la no reelección de don Fernando, que aquí critico y cuestiono. En lo que sí coincido con los diputados es en que, hoy más que ayer, urge reivindicar la Asamblea. Más clara no puedo ser.
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