A uno de cada cinco asalariados no se le paga el aguinaldo. ¿Poca gente dirán ustedes? Trescientos mil personas digo yo. Y vean que hablo de asalariados, por lo que no incluyo en la estadística a quienes venden chucherías en la calle que no tienen derecho a aguinaldo debido a su condición laboral. Entre quienes trabajan en el campo y en empresas con menos de 9 empleados, la situación es peor pues el pago del aguinaldo baja a la mitad. Quienes más sufren son los trabajadores menos calificados, los que trabajan jornada parcial o viven en la zona sur o Guanacaste. No hay ningún sector económico donde la ley se cumpla cabalmente: incluso entre empresas grandes este derecho se escamotea, eso sí en menor proporción que en el resto.
Mucho empleador incumple olímpicamente con el aguinaldo y para cientos de miles diciembre es una época de fiesta ajena. O más precisamente, de violación impune y periódica a sus derechos. Con todo, el aguinaldo impago es solo parte de la historia. A cerca de un tercio de los asalariados no se le pagan vacaciones, los días de enfermedad y los riesgos laborales. Si se enferman o tienen un accidente están fritos pues carecen protección alguna. A casi la mitad de los asalariados (48%) no se le pagan horas extras: se les obliga a trabajar más tiempo y muy bien muchas gracias. Sí, estimados habitantes de esta feliz y optimista arcadia, todo esto pasa en Costa Rica. Para los escépticos de estos datos, agrego que la fuente es la oficial Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Es probable que esta realidad venga de hace rato. Es parte de esa normalidad con la que convivimos sin inmutarnos quizá porque, como sociedad, las preocupaciones han sido otras y, como individuos, nos resbala porque no sufrimos los incumplimientos en carne propia. Sin embargo, no hablamos de privilegios sino de derechos laborales elementales reconocidos hace décadas. El caso es que mientras debatíamos sobre cómo llegar a ser un país desarrollado, descuidamos un problema elemental de la equidad social: que la ley laboral se cumpla en los mínimos.
No dudo que haya racanería o desprecio por la ley por parte algunos empleadores, prácticas que debieran ser castigadas ejemplarmente. Sin embargo, los mismos datos indican que el problema es más profundo: la concentración de incumplimientos en pequeñas empresas sugiere que probablemente haya problemas de productividad y formalidad asociados. Que no se pagan los derechos laborales porque la cobija no da. Así, el tema no es solo de inspección laboral sino de fomento productivo, campo donde las mismas cámaras empresariales pueden colaborar en erradicar una vergonzosa situación.
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