Los problemas nacionales, en particular los llamados sociales, no convocan a sindicatos, profesionales, diputados o gremios al estudio para buscar soluciones, sino a la demagogia y, a veces, a la violencia, al protagonismo y a las poses ideológicas, apoyados generalmente en un desconocimiento total de los hechos.
Este desconocimiento, sobre el que fundan su discurso, puede ser voluntario o calculado, producto de la mala fe, o involuntario, fruto de la ignorancia. Su consecuencia, en todo caso, es nefasta: la desinformación y, con ella, el ataque contra la institucionalidad. Esta conducta produce la peor crisis: la crisis de la verdad, es decir, de la realidad, de los hechos, del conocimiento. Así, se desvaloriza y corrompe uno de los recursos más valiosos y productivos de la democracia: la crítica argumentada, insumo inigualable del debate nacional, y se exalta lo peor: la mentira, la confusión y la corrupción, todos sinónimos.
Pongo un ejemplo, como se podrían ofrecer muchos otros. La Unión Médica Nacional publicó, el domingo pasado, un campo pagado intitulado: “Caja debe atender informe de los diputados. Queda claro que la crisis no es responsabilidad de los médicos”. ¿Por qué se refieren solo al informe de los diputados y tangencialmente al de la Defensoría de los Habitantes, como si los otros informes, más amplios y objetivos, no merecieran atención alguna? La Unión Médica Nacional conoce a fondo las causas de la crisis de la CCSS, por lo que uno de sus valores debe ser la objetividad.
La intención es clara: eximir de responsabilidad a los médicos. Así, dice la Unión Médica Nacional: “'la crisis que afecta la atención de la salud de los costarricenses' no es responsabilidad de los trabajadores y mucho menos de los médicos”. Si la Comisión Legislativa y la Unión Médica Nacional liberan de toda responsabilidad a “los trabajadores y a los médicos”, la culpa recae, entonces, solo “en una ineficiente gestión administrativa”. Pero ¿es posible que una crisis que se gestó por, al menos, seis años, que tocó todos los niveles institucionales y laborales, y que puso al borde del abismo a la CCSS, no fuera detectada por los médicos, los profesionales, los dirigentes sindicales y los estratos medios para dar la voz de alarma en voz alta y firme?
Durantes estos años de amplia y grave crisis, todos los funcionarios, altos y bajos, de la CCSS disfrutaron de amplios y, a veces, grandes beneficios y prebendas. ¿No se dieron cuenta de que los beneficios y prebendas exigen un origen financiero, legal o ilegal, propio de las tablas de multiplicar, o bien de un sentido elemental de solidaridad humana, que muchos otros empleados en otras instituciones no reciben? No hace falta citarlos. Están a la vista.