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¿ Adéu, Espanya ?

Actualizado el 30 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Una mayoríaestima que la separación sería negativapara todos

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Aún cuando por un prejuicio, uno suele creer que la señora bailando flamenco es la cosa más española, junto a una paella valenciana, lo cierto es que si algo define a España es la diversidad cultural de sus 17 comunidades autónomas. Muy poco tienen que ver un vasco y un andaluz, o un asturiano y un canario. Sobre esta compleja realidad, aplastada, al menos institucionalmente, durante la dictadura franquista, ha bregado la joven democracia española.

En las últimas semanas, las relaciones de Cataluña con el resto de España se han ido encrespando. El punto más visible ha sido, sin duda, la multitudinaria participación en la Diada del 11 de septiembre pasado en Barcelona, cifrada en un millón de personas. Ese día se recuerda la rendición de Cataluña, ante las tropas borbónicas y su proyecto uniformador, a principios del siglo XVIII. Desde la década de 1980, es una fecha en la que los grupos independentistas reivindican el derecho a la autodeterminación de los catalanes.

Reconocer las diferencias. Hay quienes piensan que la construcción de la democracia española ha continuado negando la realidad plurinacional que la compone. De allí por ejemplo, como lo admitieron el propio Felipe González y el secretario general del principal partido de oposición, que se continúe hablando de la necesidad de avanzar hacia una organización federal que reconozca, más claramente, las diferencias.

Hace unos años se aprobó un estatuto con el que se pretendía atender muchas de las históricas demandas catalanas. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional recortó algunos de sus contenidos y con ello la inconformidad, que se sigue viendo como un maltrato de España hacia Cataluña, aumentó.

La situación es compleja. Por un lado, se señala que el gobierno catalán, presidido por Convergència i Unió (CiU), un partido de derecha, se ha aprovechado de la frustración de miles de ciudadanos, visibilizada en la Diada, para atizar el nacionalismo y disimular, así, su gestión de feroz austeridad. Una gestión basada en recortes en salud, educación y otros servicios sociales que ha golpeado especialmente a las clases medias.

Por otra parte, la Unión Europa ve con preocupación los acontecimientos.

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Ya se ha advertido que frente a una eventual separación, el estado de Cataluña no formaría parte del exclusivo club; los costes económicos y organizativos podrían ser muy altos. Esto desde luego no es suficiente para que, en clave democrática, se impida a los catalanes decidir su futuro.

Por cierto, en una reciente encuesta de Metroscopía 8 de cada 10 españoles residentes fuera de Cataluña se mostraron a favor de una posible independencia. Bajo dos condiciones: que la decisión sea aprobada popularmente, por una mayoría absoluta y que sea fruto de un pacto consensuado con el resto de España.

No obstante, una mayoría también estima que la separación sería negativa para todos, para catalanes y para los demás españoles.

Qué pasará, es una pregunta para la que aún no hay una respuesta definitiva, de lo que no cabe duda es que el resurgimiento de las voces separatistas parece larvarse con fuerza.

La reacción del presidente Rajoy no se muestra conciliadora, ni dispuesta a abrir espacio al diálogo. Se ha limitado a decir que la constitución no permite las concesiones a las que aspira el gobierno de Cataluña; de hecho la independencia no ha sido la única, ni la principal.

Tal vez una de las más importantes es que, como sucede en el País Vasco o en Navarra, se le permita tener un modelo tributario de mayor autonomía. Más allá de las razones puntuales que han dado origen a este nuevo enfrentamiento entre Madrid y Barcelona, continuar negando el multiculturalismo español y parapetarse tras unas normas jurídicas, así sean de la más alta jerarquía, puede ser el camino menos aconsejable.

Por ahora, millones de catalanes que no tienen la posibilidad, como Pep Guardiola, de irse para Nueva York a pagar un apartamento de 25.000 euros al mes, deben resolver problemas ingentes como el desempleo y el deterioro de los servicios públicos, que son, seguramente, una muestra más del drama de sociedades para las que las salidas a las crisis, las actuales y las añejas, han sido, hasta ahora solo promesas incumplidas.

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