Por: Esteban Mata Blanco 5 julio, 2012

Que la Procuraduría General de la República tenga más armas para atacar la corrupción y que los delitos ligados a estas situaciones se castiguen con hasta 12 años de cárcel, es el espíritu de un plan de ley que salió del olvido ayer en la Asamblea Legislativa.

El proyecto fue retomado por el presidente del Congreso, Víctor Emilio Granados, y la jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Yolanda Acuña.

El texto, redactado por personeros de la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y de la Contraloría General de la República, estuvo guardado desde el 2010.

Granados dijo que el proyecto retoma vigencia y hasta “urgencia” en vista de la polémica que envuelve al Congreso, ante la negativa de la Presidencia de la República a tomar medidas tras un criterio de la Procuraduría.

La protesta de cinco bancadas de oposición paralizó esta semana la votación de proyectos ante la posición de la Presidencia de no sancionar al ministro de Educación, Leonardo Garnier, ni al vicepresidente de la República, Luis Liberman.

Ambos fueron señalados por la Procuraduría por recomendar a la firma de la exasesora presidencial Florisabel Rodríguez, para una contratación millonaria con Recope.

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