Los diputados de la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos acordaron ayer indagar los contratos de servicios especiales que el Partido Acción Ciudadana (PAC) le cobró al TSE por más de ¢1.160 millones.
La decisión fue tomada por unanimidad, incluso con los votos del PAC, a raíz de una moción impulsada por los legisladores de Liberación Nacional (PLN).
Annie Saborío, diputada del PLN, argumentó que hay elementos para presumir que el manejo de esos contratos no fue “totalmente transparente”.
Según la legisladora, actuales diputados del PAC firmaron contratos sin tener certeza de que estos serían pagados y, luego, el Partido se los cobró al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dentro de la deuda política correspondiente a las elecciones de febrero del 2010.
Además, continuó Saborío, algunos dirigentes afirman que no recibieron dinero alguno por sus servicios, y otros dicen que se les pidió firmar recibos en blanco, de acuerdo con una publicación hecha ayer por La República .
Maynor Sterling, tesorero del PAC, alegó ayer que ninguno de esos contratos fue pagado con dinero en efectivo, sino que se cancelaron con bonos de categoría B.
Esos bonos, agregó el tesorero, carecieron de valor después de las elecciones debido a la cantidad de votos obtenida por el PAC y a que el Tribunal le reconoció a esa agrupación gastos por unos ¢3.000 millones, monto suficiente para cubrir los bonos A, pero no para los B.
En cuanto a los contratos de servicios especiales, el TSE aceptó ¢561 millones y rechazó ¢600 millones principalmente porque se incluyeron montos que correspondían a honorarios profesionales, en lugar de trabajos temporales que no sean profesionales o técnicos.
Sterling aseguró que los servicios existieron y que los contratistas firmaron los recibos de los bonos con su “puño y letra”, pero que el Partido decidió dejarse los certificados en custodia.
El tesorero alegó que se guardaron los bonos para evitar que fuesen vendidos antes de conocerse si tendrían valor, como ocurrió en la campaña del 2006, con la consecuencia de que compradores de buena fe se sintieron engañados.
Voluntariado con contrato. Entre los contratistas aparecen diputados como Jeannette Ruiz (¢2,4 millones), Manrique Oviedo (¢5 millones) y Claudio Monge (¢5 millones) El convenio de Ruiz fue validado por el TSE, los otros dos no.
Ruiz admitió que firmó un convenio por dirigir la campaña en el cantón de Alajuela, aunque dejó en claro que su trabajo fue voluntario y que no quería pago alguno.
Entonces, ¿a qué obedeció el contrato? “Ellos me dijeron que, si había que sacar tiempo laboral para poder colaborar en esto, ellos estaban dispuestos a colaborar. Si van a pagarle a la gente, yo no voy a desentonar. Yo firmo, pero yo dono eso, porque yo no voy a recibir un solo cinco del Partido (...). Me dijeron que los dejaban en custodia (los bonos), a mí no me pareció mal”, respondió la legisladora.
Añadió que no debió pagar impuestos porque no recibió dinero.
Claudio Monge, cuyo contrato era por la campaña de San Isidro de Heredia, también comentó que nunca pensó que podría cobrar, pues su trabajo era voluntario: “Cuando nos pidieron que vendiéramos el servicio especial, sí nos dijeron claramente que se cancelaría con el ingreso por concepto de bonos B, y que eso solo se cubre si hay un ingreso suficiente”.
“Me pareció absolutamente normal”, añadió Monge, quien argumentó que en su trabajo de organización electoral él financiaba alimentación y gasolina de su bolsillo. Si los bonos se hubiesen hecho válidos, continuó, se los habría donado al Partido.