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El diputado Oviedo y la laicidad del Estado

Actualizado el 05 de julio de 2012 a las 12:00 am

El orden político y el orden religioso –como lo dijo Jesús– tienen distintas aspiraciones

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Me enerva que cada vez que se recupera el tema de la laicidad del Estado, la respuesta panfletaria de los que se oponen sea que todo ello obedece a la intención de los enemigos de la Iglesia de sacar a Dios de la vida de la beatífica sociedad costarricense. Pues esto lo escribe un católico que de enemigo de la Iglesia tiene poco. Hace algunos años leí lo siguiente:“(...) a la Iglesia no compete indicar cuál ordenamiento político y social se debe preferir, sino que es el pueblo quien debe decidir libremente los modos mejores y más adecuados de organizar la vida política. Toda intervención directa de la Iglesia en este campo sería una injerencia indebida (...)”.

Alguien dirá, a priori, que una vez más es un argumento hueco de los adversarios implacables y despiadados de la Iglesia católica. Pues estas palabras fueron pronunciadas por el entonces cardenal Josep Ratzinger, Benedicto XVI para más señas, y actual obispo de Roma, el Papa.

Desinformación. Es alucinante la desinformación que se revela cuando se discute lo de la imperiosa necesidad de reformar el artículo 75 de la Constitución Política. Pero más perturbador es que mucha provenga de los diputados que tendrían que decidirlo. Antológicas fueron las palabras del diputado Oviedo: “Yo siento que a nivel mundial hay una tendencia en contra de la Iglesia católica. Se dejan de lado los aspectos positivos que tiene esta organización” (La Nación, 27 de junio de 2012).

Don Manrique, la laicidad es otra cosa. La laicidad del Estado no supone atacar a la Iglesia. Es entender que orden político y orden religioso, como dijo el propio Jesús (Mateo 22, 21) tienen distintas aspiraciones. Es entender que el Estado es una persona jurídica y que solo las personas físicas, como usted o como yo, podemos profesar un credo religioso. Es entender que Costa Rica es un país plural, en el que convivimos católicos, protestantes, judíos, ateos, agnósticos, etc., y que tratar con privilegio a una religión sobre otras creencias es una discriminación odiosa.

No sé a usted, pero a mí me molestaría muchísimo que el artículo 75 en vez de consagrar que “(...) La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento (...)” dijera que “(...)La Religión Evangélica es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento (...)”. Entonces, ¿por qué los no católicos sí deben tolerarlo? ¿No le parece que el tratamiento discriminatorio es evidente?

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De otra época. Aunque hay muchas cosas que no me gustan de la Iglesia, y sobre todo las jerarquías, su influencia no va a desaparecer porque el Estado costarricense deje de ser confesional. Por ese lado puede estar tranquilo. Es simplemente que un Estado confesional corresponde a otra época. Imagino que usted sabe que somos uno de los tres países en América Latina –junto con Haití y Panamá– que aún conserva una religión oficial. Le propongo que investigue si donde esto se ha eliminado, la Iglesia dejó de ser una organización influyente, le anticipo desde ya que no ha sido así.

Para terminar, solo un ejemplo, de cómo se ha comprendido lo de la laicidad del Estado en otras latitudes. Hace 21 años, en Colombia, un país culturalmente muy cercano al nuestro, se discutió en el proceso constituyente de 1991 la cuestión. Luego, examinando unas normas, la Corte Constitucional, probablemente la más importante de nuestra región, dijo lo siguiente sobre los Estados laicos: “(...) estos regímenes constitucionales reconocen el hecho religioso y protegen la libertad de cultos, pero, por su laicismo, no favorecen ninguna confesión religiosa por cuanto consideran que ello rompería la igualdad de derecho que debe existir entre ellas. Ello implica, como contrapartida, que la autonomía de las confesiones religiosas queda plenamente garantizada, puesto que así como el Estado se libera de la indebida influencia de la religión, las organizaciones religiosas se liberan de la indebida injerencia estatal(...)” (Sentencia 350/94).

Don Manrique, ¿no cree, sinceramente, qué es muy injusto que también en esto se nos condene a quedarnos rezagados?

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