Este 14 de setiembre se cumplen 18 años del cierre del Banco Anglo y aún hay 1.389 personas y empresas que deben al Estado ¢33.0000 millones en créditos impagos.
De ese monto, cerca de ¢15.000 millones es el dinero que pidieron prestado y no pagaron (el principal) y ¢18.000 millones son los intereses acumulados. Entre los mayores deudores se encuentran varias bananeras.
La Nación intentó contactar a quienes fueron presidentes de estas 10 empresas para tener su versión, pero en algunos casos no fue posible encontrar sus números telefónicos y en otros se les dejó mensaje, pero no respondieron.
Con ¢33.0000 millones el país podría, por ejemplo, financiar por un año las 3.189 plazas nuevas que solicitó el Gobierno para el próximo año, que incluye 1.504 para educación y 500 policías.
Estos créditos son parte de la “cartera remanente” del Anglo. Son los préstamos más difíciles de recuperar, pues los mejores se repartieron entre los bancos del sistema tras la quiebra de la entidad.
Para recuperar esta cartera se formó, en 1997, un fideicomiso que al inicio administró el Banco Bancoop y cuyo dueño es el Banco Central, y que luego, con la quiebra de Bancoop, pasó al Banco Popular. Dicho fideicomiso ha rescatado, hasta ahora, ¢7.072 millones.
Según una respuesta escrita que entregó el Banco Popular a La Nación , en un inicio el Fideicomiso recibió para su administración el cobro de más de 7.000 operaciones, de las cuales aún se mantienen bajo un proceso ejecutivo de cobro judicial, un total de 1.333 juicios.
Al inicio se aplicaron cobros administrativos y muchos pagaron; hoy todo está en cobro judicial.
Evitar que prescriban. El gobierno del presidente José María Figueres Olsen cerró el Banco Anglo el 14 de setiembre de 1994, después de ser intervenido por irregularidades que se presentaron con créditos, sobregiros e inversiones riesgosas.
Para evitar que las deudas prescriban, el fideicomiso ha interrumpido los periodos. “Hay que tener las demandas activas (...), el periodo de prescripción empieza a correr cuando usted deja de mover la demanda”, explicó Fernando Rojas, director de Productos y Servicios del Banco Popular.
Entre las razones que dificultan el cobro se encuentran que los deudores y fiadores, en su mayoría, no poseen bienes inscritos a su nombre que permitan la ejecución de tales créditos por la vía judicial, que las pocas garantías reales han desmejorado y que a través de los años, llegó a comprobarse que la cartera bananera (la de mayor cuantía) no presentaba condiciones óptimas para su recuperación.