El denominado testigo de la corona, testigo protegido o arrepentido, es el coautor, cómplice o instigador de delito que, sabiéndose imputado en causa penal, negocia con el Ministerio Público –bajo el control de los jueces– para lograr inmunidad procesal, a cambio de pruebas que permita la condena de los otros partícipes del delito y el comiso del dinero producto de la actividad criminal. Si los datos aportados por el arrepentido tienen veracidad, el proceso en su contra termina; si la información es falsa, la persecución penal continúa.
Este trueque de información por inmunidad no es un beneficio merecido por el imputado o una liberalidad de la fiscalía; se trata de una herramienta utilitaria, sin la cual no se lograría la condena de los capos, blanqueadores de dinero y corruptos. Hay un balance en esto: se salva uno y se condenan muchos, o se salvan todos; en otros términos: impunidad mínima o impunidad total.
Por ser un instrumento de importancia capital en la lucha contra el crimen organizado en materia de narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, lavado de dinero y corrupción, entre otros, la Convención de Palermo –suscrita por Costa Rica– establece el deber de los Estados parte, de procurar la inmunidad del testigo protegido (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: Art. 26.3).
Peligrosa iniciativa. En medio del sombrío e incontestable presente, de penetración del crimen organizado en toda Centroamérica, sorprenden las noticias de las últimas semanas acerca de un proyecto de ley para derogar la figura del testigo de la corona. De aprobarse tal iniciativa, los únicos beneficiados serán los capos, los blanqueadores de dinero y los corruptos. Pero, lo más grave, tentará a los carteles a disponer sus bases en Costa Rica, donde la impunidad se facilitaría por los obstáculos a la investigación criminal que habría puesto el Poder Legislativo.
Debe explicarse con claridad cuál es la pretensión de dicho proyecto de reforma legislativa, promovida a contrapelo de la criminalística y de los compromisos internacionales del país. Debe indicarse cuál es la relación costo-beneficio perseguida con la propuesta de reforma.
Este no es momento para dejar pasar las cosas y llevar al país al abismo.
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