Derechos Humanos en el Congreso

No lo hace por discriminación, afirma el diputado Justo Orozco, sino por razones económicas. En su criterio, el seguro social no atiende con eficiencia a sus afiliados, apenas hace lo básico y no da abasto. Por eso es lícito negar a las parejas del mismo sexo la protección otorgada a otras uniones, incluida la unión de hecho, siempre que sea heterosexual.

Extender la protección plena a la población homosexual sería una carga más, como la fertilización in vitro, no importa si la pareja cotiza para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como lo hacen las demás. El legislador dice encontrar un insalvable obstáculo a la homofobia en sus convicciones cristianas, pero da gracias a Dios por no tener familiares o amigos de declarada preferencia homosexual. Igual de agradecido debe estar por la conveniente coincidencia entre su fe religiosa y la situación financiera de la CCSS, excusa –en su criterio idónea– para negar el trato igualitario a las uniones del mismo sexo.

“Para mí es un problema económico”, dice el pastor, sin duda consciente del octavo mandamiento. No es posible, entonces, dudar de su sinceridad. Si la Caja estuviera en mejores condiciones financieras, estaría dispuesto a otorgar trato igualitario a las parejas del mismo sexo pese a su convicción de la gravedad del pecado, “difícil de enderezar” por tratarse de una “negación de la naturaleza”.

Para el presidente de la comisión legislativa encargada de la materia, ni la fertilización in vitro ni las uniones entre personas del mismo sexo son problemas de derechos humanos, sino, simplemente, financieros. El diputado no niega la discriminación resultante, pero la justifica por razones económicas y la necesidad de proveer buenos servicios médicos a toda la población, salvo la homosexual.

En suma, la discriminación es válida mientras no alcance el dinero para atender a quienes comparten los valores del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Partiendo de esos mismos valores, no es aventurado adivinar que muchos de ellos también son pecadores. Otros habrán atentado contra la familia como la entiende don Justo, abandonando a sus parejas e incumpliendo la obligación moral de dar sustento a sus hijos. Entre ellos, habrá quienes incurran en faltas verdaderamente difíciles de “enderezar”.

Todos, sin embargo, merecen atención médica, menos los homosexuales y las parejas infecundas, aunque muchos no encuentren pecado alguno en el afán de procrear o en la personalísima preferencia por constituir un hogar con otra persona del mismo sexo.

Según el legislador, la población homosexual goza de todos los “privilegios”, pues puede estudiar y trabajar, pero no oculta su preocupación porque “cada tiro van adquiriendo más cosas. ¿Para qué seguir dándoles conquistas y conquistas si va a existir un montón de personas infelices'?” Al parecer, don Justo encuentra un vínculo entre la felicidad y la heterosexualidad. La experiencia empírica no sustenta el nexo, mucho menos las estadísticas del divorcio, sin contar la legión de los infelizmente casados. En esto tampoco los homosexuales son diferentes, salvo, quizá, por el motivo adicional de infelicidad emanado de la discriminación y el prejuicio.

Las contradicciones del diputado Orozco son tan evidentes que apenas hace falta señalarlas. Importa más constatar la gravísima inconsecuencia del Congreso costarricense al poner la Comisión de Derechos Humanos en manos de un legislador con semejante pensamiento.

La relación entre la no discriminación y el respeto a los derechos humanos es una tesis pacífica, firmemente arraigada en los tratados, la doctrina y la jurisprudencia internacional, así como en los fallos de nuestra Sala Constitucional. Reducir el tema a un simple problema económico es poner al país en riesgo de convertirse en el hazmerreír internacional. El aprecio de la administración de la presidenta Laura Chinchilla y su fracción legislativa por el voto de don Justo es, obviamente, exagerado.